El juez Humberto Otazú otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva al funcionario judicial Ángel Hernán Aranda Navarro, imputado por presunta revelación de secretos de servicio en la causa que involucra a Antonia Galeano, investigada por supuestos pedidos de dinero para conseguir arresto domiciliario con tobillera electrónica para un procesado. Tiene prohibido comunicarse con a […]
El juez Humberto Otazú otorgó medidas alternativas a la prisión preventiva al funcionario judicial Ángel Hernán Aranda Navarro, imputado por presunta revelación de secretos de servicio en la causa que involucra a Antonia Galeano, investigada por supuestos pedidos de dinero para conseguir arresto domiciliario con tobillera electrónica para un procesado.
Tiene prohibido comunicarse con a través de cualquier medio con la procesada Antonia Galeano así como con funcionarios del juzgado penal de garantías N° 1 de San Lorenzo, también tiene prohibido acercarse a dicho Juzgado; también salir del país y de cambiar de número de celular proveído al Juzgado.
Se le impuso además la obligación de residir en el domicilio denunciado en autos, no pudiendo cambiarlo sin autorización del Juzgado; la obligación de presentarse de manera mensual ante el juzgado, de comparecer a todas las citaciones que el Juzgado realice, todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, las medidas serán revocadas.
La investigación se inició tras la denuncia del padre del procesado, a quien Galeano habría solicitado G. 6 millones para gestionar el arresto domiciliario y posteriormente G. 1 millón adicional para un informe técnico de la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control.
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