El Congreso Nacional ha sancionado la ley “De apoyo y asistencia a las ollas populares organizadas en todo el territorio de la República del Paraguay durante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del covid-19”. Si bien la Constitución, en su artículo 6, obliga al Estado a garantizar la calidad de vida de las personas, lo cual deriva del respeto a la dignidad, esto debe responder a políticas de desarrollo integral. En cambio, la sanción de una ley, aún pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo, que supuestamente apoye las ollas populares, es un culto a la política mendicante, que ratifica el abandono en el que tienen los gobernantes a los ciudadanos. La pandemia del covid-19 puso en evidencia los efectos de la corrupción, del robo descarado de quienes administran la República. Los numerosos actos de latrocinio cometidos desde el Gobierno, los planilleros creados por políticos, y solventados por el erario público, exponen cada vez con mayor notoriedad la miseria de un pueblo sin salud, trabajo, educación y viviendas dignas. El presidente Mario Abdo Benítez debe vetar esta ley que denigra a nuestros compatriotas y trabajar en serio, sin corrupción e influencias nefastas, en proyectos que redunden en su elevación y desarrollo.
El Congreso Nacional ha sancionado la ley “De apoyo y asistencia a las ollas populares organizadas en todo el territorio de la República del Paraguay durante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del covid-19”.
Si bien la Constitución, en su artículo 6, obliga al Estado a garantizar la calidad de vida de las personas, lo cual deriva del respeto a la dignidad, esto debe responder a políticas de desarrollo integral. En cambio, la sanción de una ley, aún pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo, que supuestamente apoye las ollas populares, es un culto a la política mendicante, que ratifica el abandono en el que tienen los gobernantes a los ciudadanos.
La pandemia del covid-19 puso en evidencia los efectos de la corrupción, del robo descarado de quienes administran la República. Los numerosos actos de latrocinio cometidos desde el Gobierno, los planilleros creados por políticos, y solventados por el erario público, exponen cada vez con mayor notoriedad la miseria de un pueblo sin salud, trabajo, educación y viviendas dignas.
La Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), publicó el 27 de marzo de este año, a través de su página web, los resultados de pobreza monetaria, de acuerdo a la información recolectada por la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2019. Un millón seiscientos cincuenta y siete mil personas residen en hogares cuyos ingresos per cápita son inferiores al costo de una canasta básica de consumo. Lo que quiere decir que apenas sobreviven, por supuesto, sin tener chances de contar con educación, salud, ni esparcimiento.
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