La Contraloría General de la República (CGR) informó a la bicameral Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado, que en el ejercicio 2022 detectó indicios de hechos punibles que causaron al erario un daño patrimonial de al menos 3,3 billones de guaraníes (445 millones de dólares), en dos organismos de la administración central y en sesenta y dos de la descentralizada. Este tipo de denuncias sobre presuntas “tragadas” millonarias ya se han realizado en el pasado, sobre todo en el inicio de cada nuevo gobierno, pero los resultados han sido muy escasos, pese a existir una infinidad de organismos que se ocupan de estas materias. El documento emitido por la CGR debe acarrear consecuencias. El Estado no debe seguir siendo algo muy parecido a la cueva de Alí Babá, debido al descontrol y a la impunidad.
Muchas denuncias de “tragadas” pero autores no son castigados
La Contraloría General de la República (CGR) informó a la bicameral Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado que en el Ejercicio 2022 detectó indicios de hechos punibles que causaron al erario un daño patrimonial de al menos 3,3 billones de guaraníes (445 millones de dólares), en dos organismos de la administración central y en sesenta y dos de la descentralizada. No sorprende que entre los primeros sobresalga el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y entre los segundos el Instituto de Previsión Social (IPS), dirigidos en aquel entonces por...
En cuanto a los gobiernos departamentales, la CGR reportó que la palma en materia de corrupción se la llevó el de Guairá, dirigido por Juan Carlos Vera (ANR, cartista), con 1.640 millones de guaraníes “invertidos” en la alimentación escolar. Entre las municipalidades encabeza la lista la de Ciudad del Este, administrada por Miguel Prieto (Yo Creo), con 8.937 millones de guaraníes que habrían sido mal empleados, por así decirlo, en cajas de alimentos, transferencias a comisiones vecinales, pagos a personal sanitario y verificación de obras públicas, a lo que se agrega una suma indeterminada...
La investigación de la CGR no abarcó los 412 organismos estatales, entre los que figuran 261 municipalidades y 17 gobernaciones; desde luego, si lo hubiera hecho, habría constatado que la corrupción causó en un solo año un perjuicio patrimonial mucho mayor que el referido. Con todo, sus alarmantes hallazgos ya sirven para tener una idea del descomunal saqueo cotidiano del dinero público, en los tres niveles político administrativos: se roba a mansalva, casi con toda impunidad, sin que las entidades de control sirvan para prevenir el delito, y los agentes fiscales y los jueces para castigar...
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