La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con voto en disidencia del Ministro Gustavo Santander Dans, otorgó una medida cautelar a la empresa L.A. BUSISNESS S.A., que suspende los efectos con relación al art. 187 de la Ley 836/20 “Código Sanitario”, lo que habilita a la empresa traer productos que no cumplen […]
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con voto en disidencia del Ministro Gustavo Santander Dans, otorgó una medida cautelar a la empresa L.A. BUSISNESS S.A., que suspende los efectos con relación al art. 187 de la Ley 836/20 “Código Sanitario”, lo que habilita a la empresa traer productos que no cumplen con las disposiciones que establece la legislación para salvaguardar la salud de los ciudadanos.
Cabe mencionar que, en el año 2011, la CSJ suspendió a ocho jueces que otorgaron mismas medidas a diferentes empresas. Esto podría ocasionar consecuencias directas en la seguridad alimentaria; en ese contexto, tanto el derecho fundamental a la salud como la imperativa necesidad de asegurar la inocuidad de los alimentos se erigen como intereses generales que deben prevalecer sobre los intereses particulares.
Dicha medida tuvo lugar en respuesta a la acción de inconstitucionalidad promovida por la empresa L.A. BUSISNESS S.A. contra los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Decreto por el cual se reglamenta el art. 175 de la Ley 836/80 “Código Sanitario”, contra la resolución 252/2018 y contra el Decreto 3586/2015 por el cual se reglamenta el art. 24 de la Ley 1191/1997 “De productos para la salud y otros” y se establecen normas para la fabricación, el régimen para la obtención y renovación de registro sanitario, el control de calidad, el control sanitario y la comercialización de los productos...
Cabe mencionar estas disposiciones atacadas de inconstitucionales buscan regular las actividades de las empresas involucradas en la elaboración, fraccionamiento, importación y comercialización de productos alimenticios, bebidas y aditivos destinados al consumo de los ciudadanos. Estas normativas fueron instauradas con el fin de garantizar tanto la salud de la población como la libre circulación de alimentos y bebidas aptos para el consumo humano.
Leer la nota completa en PDS
