Se comenzaron a estudiar en el Senado iniciativas destinadas a eliminar gastos superfluos del Presupuesto nacional. Si bien existía un proyecto anterior presentado en tal sentido por el senador Sergio Godoy (ANR), la cruel pandemia que afecta a nuestro país y el mundo parece haber obrado el milagro de que en el Poder Legislativo –y también el Ejecutivo– hayan advertido que es hora de poner coto, al menos temporalmente, al sempiterno derroche. Sin embargo, la experiencia indica que leyes de esa naturaleza pueden ser fácilmente ignoradas por sus propios remitentes. En efecto, nada impide que los gastos superfluos sean nuevamente incluidos en el próximo Presupuesto, ya que los legisladores son afectos a abolir con los hechos las normativas aprobadas por ellos mismos. En otras palabras, no es que falten leyes para impedir el despilfarro, sino la firme voluntad política de hacerlo. Dada nuestra triste experiencia, si se aprobaran nuevas leyes para combatir el derroche, deberían contemplarse claras disposiciones que impidan los atajos administrativos para violarlas, y establecer severas penas a quienes incurran en ellos.
En julio de 2019, el senador Sergio Godoy (ANR) presentó un impresionante “proyecto de ley que prohíbe las compras y contrataciones superfluas, excesivas e innecesarias, limita el nombramiento y la contratación de parientes, fija topes salariales para las autoridades públicas de rango superior y establece medidas de racionalización del gasto público”. Esta feliz iniciativa –ahora aparecieron otras, impulsadas por la coyuntura– nunca fue tratada, por la simple razón de que cuidar el dinero de los contribuyentes no es una de las prioridades de los legisladores. Siempre les ha interesado mucho...
Y bien, la cruel pandemia parece haber obrado el milagro de que, de pronto, en el Poder Legislativo –y también en el Ejecutivo– hayan advertido que es hora de poner coto, al menos temporalmente, al sempiterno derroche. De hecho, la ley que declara el estado de emergencia, en vigor desde el 26 de marzo, ya prohibió para este año la contratación de servicios de catering, con ciertas excepciones, así como unos desembolsos que implican sobresueldos para los privilegiados “servidores públicos”, como los subsidios por casamiento y la ayuda tanto vacacional como alimenticia. Son mencionadas como...
Según se dice, existe un acuerdo para dar un “mensaje” a la ciudadanía con miras a la reforma del gasto público, obviamente ligada a la del Estado, promovida por el Palacio de López. Habría unas quince iniciativas en tal sentido y, en especial, en el de reducir los más altos ingresos en la función pública, aunque solo durante el estado de emergencia. Si la eliminación de ciertos gastos innecesarios tuviera un carácter permanente, la opinión pública podría aplaudir el “mensaje”, pero sin perder de vista que más tarde puede ser fácilmente ignorado por sus propios remitentes. En efecto, nada...
En otras palabras, no es que falten leyes para impedir el despilfarro, entre otras lacras de la administración pública, sino la firme voluntad política de hacerlo. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda no necesita ninguna ley que prohíba el malgasto para excluirlo del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación, pudiendo –y debiendo– hacer caso omiso de los que incluyen los organismos estatales en sus anteproyectos de Presupuesto. Tampoco la necesita el Congreso para desechar todo dispendio, pues basta con que cada año estime necesario no estirar hasta lo indecible recaudaciones...
Leer la nota completa en Diario ABC
