Hace días que el ministro de Urbanismo, Juan Carlos Baruja (ANR- HC), soporta una protesta de la organización “multisectorial”, que aglutina a diferentes involucrados en la construcción de viviendas sociales. La movilización se desarrolla frente a la sede del MUVH, como ya ocurrió en varias ocasiones, prácticamente de manera ciclíca. ¿Cuál es el transfondo?, ¿cómo se podría solucionar definitivamente el problema planteado? Esto es lo que explican al respecto.
El titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), (ANR-HC), soporta una protesta de campesinos e indígenas desde hace una semana, frente a la sede de la institución, ubicada en la calle Piribebuy esquina Independencia Nacional, Asunción. Los manifestantes son los integrantes de “la multisectorial”, una organización que aglutina a organismos del programa Fondo Nacional de Viviendas Sociales (), Ley N° 3637, y que realiza este tipo de movilizaciones casi de manera habitual.
Marta González, una de las voceras de la multisectorial, dijo que se exige a Baruja que cumpla un acuerdo verbal que éste había hecho, de aprobar los proyectos presentados por los miembros de la organización, en el marco del Fonavis. Específicamente, que el 33% del total de los subsidios habitacionales de dicho programa sea destinado a los miembros de la organización. Asimismo, se pidió el cese de la “persecución” a sus integrantes por parte de las autoridades.
Pero, ¿cuál es el alcance de las exigencias reales de la multisectorial? La multisectorial había presentado un pedido de acuerdos interinstitucionales entre el MUVH, el Ministerio del Interior, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), para atender cuestiones que se plantean en dos proyectos de leyes y que esta organización pide que se suspendan.
Además de la “equidad” y “transparencia” en las adjudicaciones de subsidios a la vivienda, la multisectorial pidió la suspensión del plan de fusión del Indert con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), pues según la organización, se limitaría al Estado en el cumplimiento de sus mandatos constitucionales; y rechaza la creación del Registro Unificado Nacional (RUN) y la derogación del artículo 104 del Estatuto Agrario, que permite la recuperación de tierras fiscales.
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