El senador cartista de la ANR Víctor Bogado y su “niñera de oro” Gabriela Quintana fueron declarados culpables por mayoría del Tribunal de Sentencia, de la comisión del delito de “cobro indebido de honorarios”, como cómplice y autora, respectivamente. Bogado, en su condición de influyente legislador, consiguió en 2013 que su prestanombre, protegida o recomendada, la citada Gabriela Quintana, que en aquel entonces fungía de niñera de sus hijos, cobrara ilícitamente dos salarios del Estado, uno en la Cámara de Diputados, que él presidía, y otro en Itaipú Binacional. Pese a que la Constitución dispone claramente que los legisladores perderán su investidura, entre otros motivos, por el uso indebido de influencias, “fehacientemente comprobado”, los senadores están buscando toda clase de pretextos para evitar la aplicación de dicha disposición y proteger a Bogado. ¿Qué tiene este desvergonzado que concita tanta protección de parte de sus pares, sobre todo de sus correligionarios? La respuesta habría que buscarla, entre otras, en que Bogado siempre se mostró muy generoso con los recursos públicos que en mala hora administró.
El senador cartista de la ANR Víctor Bogado y su “niñera de oro” Gabriela Quintana fueron declarados culpables por mayoría del Tribunal de Sentencia, de la comisión del delito de “cobro indebido de honorarios”, como cómplice y autora, respectivamente, pero los votos de los complacientes o cobardes magistrados Elio Ovelar, Juan Carlos Zárate y Víctor Medina libraron al indigno legislador del cargo mayor de autor del hecho punible de estafa.
Para resumir el caso, dígase que Bogado, en su condición de influyente legislador, consiguió en 2013 que su prestanombre, protegida o recomendada Gabriela Quintana, que en aquel entonces fungía de niñera de sus hijos, cobrara ilícitamente dos salarios del Estado, uno en la Cámara de Diputados, que él presidía, y otro en Itaipú Binacional. Este fue el resultado y el beneficio que derivaron del uso indebido de influencias, como cualquiera puede comprenderlo fácilmente, aun sin conocimientos jurídicos especiales.
En su inciso 2, el art. 201 de la Constitución establece que “Los senadores y diputados perderán su investidura, además de los casos ya previstos, por (...) el uso indebido de influencias, fehacientemente comprobado”. De la simple lectura de este claro texto se infiere que la única condición que exige la Ley Suprema para que un legislador pierda su investidura es que cometa el delito mencionado, y que esté “fehacientemente comprobado”. Por lo general y de acuerdo a un sano criterio jurídico, esta comprobación le compete realizar al Poder Judicial; pero, incluso de acuerdo a los lacónicos...
Desde luego, cuando se trata de proteger a un “cuate”, los legisladores suelen volverse extremadamente puntillosos y exigir el cumplimiento de todos los pasos previos que juzguen que serán útiles para dilatar sine die el trámite y hasta impedir que concluya. El primer requisito que exigen es que exista una sentencia judicial, sabiendo que el proceso para obtenerla podría durar años y, al final, acabar siendo jurídicamente inane. Es lo que plasmaron en una ley –que la ciudadanía bautizó como “de autobandidaje”–, atinadamente objetada por el Poder Ejecutivo el 23 de marzo del año pasado.
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