Cuando existen cambios de gobierno o de cualquier administración –hablamos de la Administración Pública– siempre ocurre arbitrariedades con el supuesto argumento de los “cargos de confianza”, que abordaremos en forma concisa, figura que se trata de una reserva exclusiva de la ley, y quienes tratan de suplir a la ley están usurpando funciones públicas.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS. Con la implementación del principio de legalidad, desde la Revolución Francesa, no existe derechos de supremacía que otorguen a la potestad del Estado facultades sin medidas, como la antigua majestas populis romani. Para los administradores del Estado, se introdujo la tesis determinante de que estos se obligan a realizar solo aquello que está permitido por el ordenamiento jurídico, con el dogma de la predeterminación normativa (ahora ya totalmente constitucionalizado). Este aporte fue para frenar de manera real al acto arbitrario (nueva categoría de ilícito...
PRINCIPIO DE LEGALIDAD y RESERVA DE LEY. Según la doctrina y la Jurisprudencia Latinoamericana y específicamente la paraguaya, los cargos de confianza derivan del Artículo 102 de la Constitución Nacional prescribe “Los funcionarios y empleados públicos gozan de los derechos establecidos en esta Constitución en la sección de derechos laborales, en un régimen uniforme para las distintas carreras dentro de los límites establecidos por la ley y con resguardo de los derechos adquiridos”; disposición constitucional que impone que el “cargo de confianza” resulta materia reservada a la ley y no de...
En ese sentido, el Artículo 101 de la Ley Fundamental expresa en su segundo párrafo: “La Ley reglamentará las distintas carreras en las cuales dichos funcionarios y empleados presten servicios”. Actualmente, no se discute en doctrina, ni en jurisprudencia ni en la legislación comparada, que el cargo de confianza es materia de ley, y no de un decreto o resolución administrativa, pues constituye una figura conocida como “reserva de ley”, ya que la disposición de las enumeraciones de cargos de confianza constitucionalmente solo está atribuida a la formación de leyes, ello implica una función...
La diferencia básica entre el funcionario permanente y el de categoría con “cargo de confianza” radica en que este último no tiene estabilidad, depende de la aprobación de su jefe o el requisito de lealtad para ciertos actos de administración. Resulta una figura cada vez menos aceptada en la administración pública, ya que el funcionario debe tener lealtad a las sagradas funciones públicas (mandato ciudadano) y no al administrador de turno. Las funciones de los órganos del Estado son reservas del poder ciudadano y no de quien debe administrar justamente los intereses de la colectividad.
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