Lo que haga el gobierno de Alliana en las próximas semanas definirá cómo lo lee un Washington que se prepara para fiscalizar.
Paraguay ha vivido crisis políticas antes, pero nunca una que coincidiera con un cambio de poder en Washington. El colapso de Ueno Bank, que dejó a unos tres millones de depositantes pendientes de sus ahorros, terminó con la destitución de Santiago Peña, hoy imputado y en prisión preventiva junto con el extitular del Banco Central. Pedro Alliana asumió mientras su principal socio también cambia: desde enero, el Congreso estadounidense tendrá mayoría demócrata en ambas cámaras y una agenda intensa de supervisión.
Los primeros pasos fueron los correctos. El Banco Central empezó a pagar, el Estado garantizó jubilaciones y aguinaldos, y la Cancillería ratificó la continuidad de la política exterior. Washington respondió rápido: el secretario de Estado, Marco Rubio, conversó con Alliana y lo invitó a reunirse. Ahora empieza lo difícil, porque el Ejecutivo estadounidense no tiene la última palabra.
Paraguay conoce la fiscalización estadounidense: Washington ya sancionó por corrupción a figuras paraguayas de primer nivel. El riesgo ahora son audiencias, cartas y titulares que conviertan al país en un capítulo de la pulseada entre el Congreso y la Casa Blanca. En el Capitolio, Paraguay será evaluado con tres preguntas.
La primera es si las instituciones funcionaron. La sucesión fue constitucional, pero no faltaron reglas ni alertas. En julio, el gerente de Supervisión del Banco Central, recién apartado de su cargo, advirtió en un memorando técnico sobre excesos en los préstamos de Ueno a empresas vinculadas. En octubre, la Asociación de Bancos pidió al regulador información sobre la solvencia de entidades beneficiadas en fusiones. Las señales estaban; faltó quién actuara.
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