El cartismo se apresta a dar un duro golpe a la sociedad civil organizada, con el evidente propósito de suprimir la actividad de potenciales opciones electorales opositoras, utilizando un “apriete” inconstitucional, al exigir a través de una ley de próxima vigencia que las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro (ONG), supuestamente para incentivar la transparencia, le entreguen al Gobierno información privada confidencial, con la amenaza de fuertes sanciones si no lo hacen, como la suspensión de sus actividades al más puro estilo dictatorial stronista, lo que conlleva un ataque directo a la democracia representativa, participativa y pluralista, que es la base de nuestro Estado de Derecho. La aplanadora colorado-cartista del Senado ya tiene previsto aprobar el instrumento legal anti-Organizaciones No Gubernamentales (ONG), identificadas en el proyecto de ley como OSFL (Organizaciones sin Fines de Lucro), con el fin de controlar a las entidades de la sociedad civil que son consideradas por el cartismo como contrarias a sus fines de copamiento del poder fáctico y legal de la República. Buscan la “muerte civil” El Gobierno cartista está mostrando su verdadera hilacha autoritaria al pretender la vigencia de una ley que haría imposible cumplir su rol social a las entidades sin fines de lucro de la sociedad civil (ONG), que se dedican en su gran mayoría a cooperar con el mismo Estado en el cumplimiento de sus fines previstos en los planes de desarrollo y que de otro modo no contaría con los fondos para que se financien dichos programas de bien público, porque los aportantes, nacionales o foráneos, prefieren que sean las entidades cívicas autónomas las que administren y apliquen los recursos. Llama la atención que un vasto y excesivo arsenal de control en manos del Estado estará a disposición del Gobierno cuando la ley entre en vigencia una vez que Santiago Peña firme el decreto reglamentario, con el solo objetivo de identificar a personas del sector privado que cooperan con finalidades altruistas de la comunidad, por ejemplo empresas y sus dueños que realizan aportes monetarios en el ámbito de su responsabilidad social, y que incluso podrían sufrir las mismas sanciones de “muerte civil” en que caerían los directivos de las ONG que reciben sus donaciones para cooperar con finalidades lícitas y acciones de bien público, que de repente pueden ser sumariados por la autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, si es que la actividad en cuestión no cuenta con la bendición del poder. Es la razón de ser de la amenazante ley anticonstitucional, pero también ha sido utilizada la misma terminología para encubrir la verdadera finalidad de un organismo legislativo bicameral con el pomposo título de “Comisión Conjunta de Investigación de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos, contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos”, que no posee ninguna intención de ir contra lavadores o contrabandistas, pero que tiene también en la mira a las ONG, con la amenaza explícita de sancionar a emblemáticas entidades de la sociedad civil, hasta el extremo de utilizar órdenes judiciales de allanamiento para alzarse con documentaciones que le son negadas por estas organizaciones sin fines de lucro de neta actuación ciudadana altruista, que tienen razón cuando afirman que se hallan amparadas por la Constitución en el tema de la inviolabilidad del patrimonio privado documental de las personas.
El presidente Santiago Peña dio a entender que no estaba de acuerdo con algunos puntos del proyecto anti-ONG, pero finalmente podría promulgar la ley para no contrariar al comando de Honor Colorado liderado por Horacio Cartes.
El cartismo se apresta a dar un duro golpe a la sociedad civil organizada, con el evidente propósito de suprimir la actividad de potenciales opciones electorales opositoras, utilizando un “apriete” inconstitucional, al exigir a través de una ley de próxima vigencia que las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro (ONG), supuestamente para incentivar la transparencia, le entreguen al Gobierno información privada confidencial, con la amenaza de fuertes sanciones si no lo hacen, como la suspensión de sus actividades al más puro estilo dictatorial stronista, lo que conlleva un...
La posible ley de control de las ONG contiene graves normativas inconstitucionales e incluso contradicciones flagrantes en su redacción cuando reconoce la libre asociación con fines lícitos, para luego amenazar con una serie de “sanciones” a los directivos y socios por supuestas faltas en la provisión de documentaciones exigidas a las entidades, que podrían afectar hasta la privacidad documental de las personas, lesionando su intimidad, lo que está expresamente prohibido por la Constitución en su artículo 33.
La Carta Magna es categórica al señalar que “la intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada son inviolables”. Agrega el mismo artículo que “la conducta de las personas, en tanto no afecte al orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, estará exenta de la autoridad pública”.
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