Senadores de la ANR (cartistas y abdistas), del PLRA (llanistas y efrainistas), del Frente Guasu y de Cruzada Nacional que integran las comisiones de Legis- lación y de Asuntos Constitucionales sugirieron a la Cámara que rechace un proyecto de ley de la bancada de Patria Querida, por el que se deroga la Ley 6355/19, que exige la previa autorización judicial para que la Contraloría General de la República dé a conocer las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos. Creen que la ciudadanía, que les paga una respetable dieta, no tiene por qué saber con cuántos bienes y rentas entraron a ocupar sus escaños, salvo que esté dispuesta a recurrir en cada caso a la Justicia, con resultados inciertos. El Senado se había ratificado con anterioridad en su aprobación de un proyecto de ley presentado por Paraguayo Cubas que eliminaba la previa autorización judicial, pero ahora sus comisiones asesoras dictaminan lo contrario, y el propio senador Cubas figura entre quienes sugieren que siga en vigencia la ley que favorece el secretismo. Es evidente que se quiere evitar a toda costa la transparencia.
Según el art. 3° de la Ley N° 5033/13, referida a la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos, de los funcionarios públicos, esta debía incluir la autorización que faculte a la Contraloría General de la República, “a través del pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales”, a revelar los datos contenidos en ella, conforme al procedimiento a ser regulado por dicho órgano. La Ley N° 6355/19 suprimió esta última parte, pero dejó vigente la necesidad de una autorización judicial previa para que la gente se entere del patrimonio de quienes ocupan un cargo público. Es más,...
Como se sabe, dicho requisito había sido desestimado por el juez Penal de Garantías Rubén Riquelme, y por un Tribunal de Apelación en mayoría, en un recurso de amparo que planteó el periodista Juan Carlos Lezcano, de este diario, ante la negativa de la Contraloría a entregar una copia de las declaraciones juradas de quienes ejercieron las más altas funciones públicas entre 1998 y 2017. Afirmaron que el derecho a la privacidad de los servidores públicos es menos amplio que el de los particulares, que informar sobre su patrimonio es más beneficioso para la sociedad que nocivo para ellos, y...
Y bien, ahora los senadores de la ANR (abdistas y cartistas), del PLRA (llanistas y efrainistas), del Frente Guasu y de Cruzada Nacional que integran las comisiones de Legislación y de Asuntos Constitucionales sugirieron a la Cámara que rechace un proyecto de ley de la bancada de Patria Querida, por el que se deroga la mencionada Ley N° 6355/19, que exige la previa intervención judicial. Creen que la ciudadanía, que les paga una respetable dieta, no tiene por qué saber con cuántos bienes y rentas entraron a ocupar sus escaños, salvo que esté dispuesta a recurrir en cada caso a la Justicia,...
Hay más curiosidades. El Senado se había ratificado el 4 de julio en su aprobación al proyecto de ley de Paraguayo Cubas, que eliminaba la previa autorización judicial para publicar las declaraciones juradas, y ahora las Comisiones Asesoras dictaminan lo contrario, haciendo causa común con una mayoría de la Cámara Baja. Más aún, entre quienes sugieren ahora que siga en vigencia la ley que favorece el secretismo ¡figura el propio senador Cubas! Entró a regir mediante una promulgación automática, pues el Poder Ejecutivo no se atrevió a objetarla dentro del plazo constitucional. Aún más, no...
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