Cuando el texto de un Tratado conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable, el art. 32 inciso b) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que se puede recurrir a medios de interpretación complementarios para determinar el verdadero sentido del Tratado, considerando su objeto y fin.
El Tratado de Yacyretá de 1973 establece que “sin perjuicio de la fiscalización contable que ejercerán las Altas Partes Contratantes a través de la ANDE y Aguas y Energía, Yacyretá establecerá una auditoría externa que ejercerá el control contable de todos los aspectos relacionados con su desenvolvimiento económico, financiero y patrimonial” (Anexo A, Capítulo IV, Artículo 18, Numeral 4).
La Constitución de la República del Paraguay de 1992, una de las Altas Partes en el Tratado de Yacyretá, crea una Contraloría General de la República (CGR) con el deber y atribución de fiscalizar las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales, de cuyo capital participe el Estado en forma directa o indirecta, en términos de los respectivos tratados (Artículo 283 Numeral 4).
El Tratado de Yacyretá establece que las Altas Partes a través de actos unilaterales, circunscriptos a las áreas de sus respectivas soberanías, adoptarán medidas necesarias para el cumplimiento del Tratado en aspectos “administrativos, económicos, financieros y técnicos” (Artículo XVIII inciso b).
La Ley 276 de 1994 “Orgánica y Funcional” de la Contraloría y la Ley 6763/21 que dispone control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales en Yacyretá e Itaipú por parte de la Contraloría, le otorga atribuciones como órgano contralor de una de las Altas Partes de los Tratados, de fiscalizar el resultado del aprovechamiento de los recursos soberanos invertidos en tales emprendimientos, y la utilización de los gastos sociales.
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