Hace unos días, el jefe de la DNCP, Pablo Seitz, dijo que es “muy probable” que el Ministerio de Salud Pública realice una “observación mayor” a Chaco’i Industrial y Comercial SA, proveedora de plantas de oxígeno al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, al Hospital de Trauma y al Hospital Nacional de Itauguá. La instalación realizada en este último nosocomio solo ha operado durante cuatro meses desde su puesta en marcha en 2019. La empresa de marras ya había sido inhabilitada en tres ocasiones por incumplir contratos con el Estado y ni siquiera debía participar en el último proceso licitatorio. El caso referido ilustra el descontrol reinante en materia de contrataciones públicas. En el organigrama del Estado figuran numerosas estructuras de investigación y control, pero en la práctica son meras instituciones de papel, cuya inacción hace que proliferen las irregularidades.
Instituciones de papel permiten que los fatos queden sin castigo
Hace unos días, el jefe de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, dijo que es “muy probable” que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) realice una “observación mayor” a Chaco’i Industrial y Comercial SA, proveedora de plantas de oxígeno al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, al Hospital de Trauma y al Hospital Nacional de Itauguá. La instalación realizada en este último nosocomio solo ha operado durante cuatro meses desde su puesta en marcha en 2019, razón por la cual su directora, Yolanda González, habría...
El caso referido ilustra el descontrol reinante en materia de contrataciones públicas hasta el punto de que el o los dueños de Chaco’i Industrial y Comercial SA ni siquiera se molestaron en emplear la usual artimaña de cambiarle de nombre, recurriendo a testaferros, para eludir la Ley Nº 2051/03: es lo que también suele hacerse para que dos o más supuestos oferentes “compitan” en una licitación pública. La DNCP puede realizar de oficio las investigaciones que crea oportunas para verificar si todo el procedimiento de contratación se ajustó a la ley, pero brilló por su ausencia en los sonados...
Hasta ahora, las tres primeras licitaciones públicas fraudulentas, a las que seguramente habrá que agregar otras cuyos vicios siguen ocultos, solo tuvieron consecuencias definitivas de tipo administrativo, en tanto que la cuarta, que conllevó un notable sobreprecio, ni siquiera eso: a la fecha, nada se sabe aún de las conclusiones de la “intervención” de la Dirección de Obras Públicas ordenada en enero por el ministro Arnoldo Wiens, ni de la auditoría y la investigación para un eventual sumario administrativo, que dispuso en febrero, a pedido de la Contraloría General de la República que,...
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