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Horacio Cartes decidió blindarse en el país ante la arremetida brasileña, a través de la puesta en marcha de una especie de Operativo “Soberanía”, con el objetivo de contrarrestar la Operación “Patrón” de los vecinos. Pero esta maniobra político-judicial compromete a Marito y la clase política paraguaya.
Pese a las graves evidencias en su contra, relatadas con lujo de detalles por la fiscalía del Brasil, HC persiste en la postura de llevar detrás de sí a toda la estructura de la Justicia y las demás instituciones de la República, en una jugada sumamente riesgosa para el futuro del país.
Los abogados de Horacio pueden armar todas las argucias seudo legales con tal de defender a su cliente por miles o millones de dólares, pero que les den manija quienes deben poner orden y legitimidad en los negocios de la Nación paraguaya, ya es otra cosa.
Comenzando por la actitud pusilánime de la fiscalía general a cargo de Sandra Quiñónez, que tuvo que esperar la orden del “Patrón” para empezar a “informarse” de las apabullantes pruebas sobre la implicancia de Cartes, cuando era presidente de la República y después, en la protección y financiación al prófugo de la justicia paraguaya y brasileña, Darío Messer.
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