Las empresas Potî SA, Palumbo y Eisa se encuentran en medio de una serie de denuncias. Por su parte, Eisa SA, propiedad de la familia Palumbo, es señalada por obras inconclusas en 79 instituciones educativas del sector público ubicadas en distritos de Canindeyú, Concepción, Presidente Hayes y San Pedro. Mientras tanto, Alberto Palumbo, quien actúa como representante legal en ambas firmas, es criticado por su presunta implicación en estas controversias. La participación de Palumbo en ambas empresas y su papel en las presuntas irregularidades generan dudas sobre la legalidad en la que actúan las mismas.
Las empresas Potî SA, Palumbo y Eisa se encuentran en medio de una serie de denuncias. Desde presuntas irregularidades laborales hasta acusaciones de corrupción e incumplimiento de contratos con entidades estatales. Estas firmas se encuentran en el centro de la polémica desde hace tiempo.
Potî SA fue denunciada por sus empleados ante el Ministerio del Trabajo por incumplimientos laborales, incluyendo la presencia de operarios fantasmas e incluso funcionarios públicos en su nómina. Pese a ser varias veces denunciada critican al Ministerio de Trabajo y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por actuar con tibieza.
Por su parte, Eisa SA, propiedad de la familia Palumbo, es señalada por obras inconclusas en 79 instituciones educativas del sector público ubicadas en distritos de Canindeyú, Concepción, Presidente Hayes y San Pedro. El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) rescindió contrato con la empresa. Mientras tanto, Alberto Palumbo, quien actúa como representante legal en ambas firmas, es criticado por su presunta implicación en estas controversias. La participación de Palumbo en ambas empresas y su papel en las presuntas irregularidades generan dudas sobre la legalidad en la que actúan las mismas.
La preocupación se agrava al saber que estas empresas continúan participando en licitaciones del Estado, e incluso sumando contratos, pese a acusaciones en su contra. Un ejemplo es la adjudicación del proceso identificado como ID 428401 para el SNPP, cuyo director general, José Cogliolo, firmó el documento.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
