Río Salado SA, la “poderosa” empresa del clan Fretes, no está registrada ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) pese a ser sujeto obligado al dedicarse a las actividades inmobiliarias. La compañía conectada al presidente –con permiso– de la Corte, Antonio Fretes, incluso tiene como cliente a la Fiscalía General del Estado. La firma mueve millones, siendo actualmente accionista de bancos, casa de créditos, empresa de seguros y agencia de cobranzas.
Constituida el 25 de febrero de 2013, Río Salado SA se ha convertido en la empresa cabecera del clan Fretes, cuyo referente es . Esta firma nació con un capital de apenas G. 2.000 millones y a escasos dos años la cifra aumentó a G. 20.000 millones, siendo los principales aportantes –según los documentos– Lourdes Beatriz González Gómez y Asdrúbal Antonio Fretes Valenzano, hijo del máximo exponente del Poder Judicial.
Los estatutos de la compañía describen como sus actividades la adquisición y/o administración de carteras de créditos de terceros, efectuar inversiones, tomar participación en cualquier negocio o empresa, asesoría integral a emprendimientos agroganaderos y forestal, impacto ambiental, montaje y ensamblaje de complejos industriales, comercialización y venta de espacios publicitarios, promociones, consultoría personal y empresarial.
También está la comercialización de toda clase de inmuebles urbanos y rurales, alquileres, arrendamientos, así como su explotación por sí, por terceros o por cuentas de terceros y administración de bienes raíces.
Precisamente, ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Río Salado SA está registrada con el rubro principal “actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”. Es decir, sus ingresos provienen del negocio inmobiliario, sector sujeto a las obligaciones establecidas en las leyes ALA/CFT (Antiavado de Activos y Contra Financiamiento del Terrorismo), específicamente la Ley Nº 3783/09 modificatoria de la Ley Nº 1015/97.
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