En nuestro país, nos hemos acostumbrado y naturalizamos que los fallos judiciales, especialmente los vinculados a controversias político-partidarias, se acomoden a los intereses del poder de turno.
Un ejemplo que se recuerda en estos días, debido a la coyuntura vigente, es el caso de los expresidentes Horacio Cartes y Nicanor Duarte Frutos, cuyas candidaturas al Senado fueron habilitadas en 2018 por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Corte Suprema de Justicia, pese a que la Constitución no da opciones y dice claramente en su artículo 189 que “los expresidentes de la República electos democráticamente serán senadores vitalicios de la nación”.
En nuestro ordenamiento constitucional no existe la reelección presidencial y tampoco está establecida la posibilidad de que los presidentes, una vez terminados sus mandatos, puedan candidatarse a algún otro cargo.
Años atrás, en una entrevista, el exsenador y exconvencional constituyente Evelio Fernández Arévalos dijo que no establecieron expresamente la prohibición en el texto constitucional porque no se imaginaron que alguien pudiera aspirar a un cargo de menor jerarquía luego de haber sido Presidente de la República.
Otro ejemplo de la genuflexión de la Corte a intereses político-partidarios ocasionales es el caso del exdiputado colorado Ramón Romero Roa (+). En junio de 2020, contradiciendo la Constitución y la ley, la Cámara de Diputados, presidida entonces por el cartista Pedro Alliana, removió a Romero Roa de su cargo de representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados poniendo en su lugar a alguien de dudosos antecedentes académicos y morales, como el entonces diputado cartista Hernán Rivas.
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