Las normas complementarias y medidas de racionalización de gastos para la ejecución del plan financiero que puso en vigencia el Poder Ejecutivo la semana pasada mantienen abierta la posibilidad de que las entidades públicas puedan abonar una gratificación bajo la figura de “subsidio familiar” a los funcionarios. Esta decisión dependerá de una dependencia de la cartera fiscal, que deberá dictaminar sobre la razonabilidad de los pagos.
El Decreto N° 2180 que dio a conocer el Poder Ejecutivo el lunes último, con el cual se pretende lograr un ahorro de US$ 52 millones, no recorta este beneficio extra que se abona en más de una ocasión a los funcionarios bajo la figura del “subsidio familiar”.
El referido decreto se había dado a conocer en coincidencia con la primera cumbre de poderes del Estado como una muestra del compromiso asumido por el Ejecutivo, instando a los demás poderes a hacer lo mismo, porque tanto el Congreso como el Poder Judicial manejan su presupuesto de manera autónoma.
La idea de la cumbre, lanzada desde la Feprinco, fue convocada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para acordar con el presidente del Congreso, Blas Llano, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, medidas para reducir y mejorar la calidad del gasto público, como vienen reclamando los diversos sectores de la sociedad.
La figura del subsidio familiar se utiliza desde hace algunos años, principalmente luego de la eliminación, por presión ciudadana, de la gratificación o aguinaldo extra, como se conocía comúnmente a este beneficio (algunas entidades pagaban hasta tres en el año, independientemente a lo que se abona en diciembre).
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