La ley que obliga a obtener información pública contenida en la declaración jurada de bienes y rentas, solamente a través de sentencias judiciales, atenta contra la transparencia. El presidente Mario Abdo tuvo la oportunidad de vetar la norma que coarta el derecho ciudadano de acceder a la información pública, pero no lo hizo.
El pasado 6 de agosto quedó promulgada la Ley 6355/19 “Que modifica los artículos 1, 3, 4, 7, 13 y 21 de la Ley N° 5033/13 ‘Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos’, y amplía las disposiciones de la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y normas respaldatorias”.
La promulgación de esta ley fue consecuencia del silencio del Poder Ejecutivo dentro del plazo establecido en el artículo 205 de la Constitución. Esta ley requiere que debe mediar una autorización judicial para acceder a los datos contenidos en la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos que deben presentar los funcionarios y las autoridades gubernamentales.
De acuerdo con la interpretación que venían sosteniendo los tribunales, todos los datos que no estuvieran alcanzados por una causal de secreto o reserva establecida también por ley, eran públicos. Los únicos datos no públicos de las declaraciones juradas son la dirección y teléfono particular de los declarantes, la identificación de menores de edad y el número de cuenta bancaria.
Todos los demás datos se consideraban públicos hasta ahora. Tanto la Primera Sala como la Segunda Sala del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de la Capital han sostenido que entre la Ley 5033/13 y la Ley 5282/14 existe una relación de complementariedad y que no son incompatibles entre sí. Sobre la base de esta interpretación, se hicieron públicas, por ejemplo, las declaraciones juradas de los últimos veinte años del ministro de Hacienda, Benigno López, y del presidente del Banco Nacional de Fomento, Daniel Correa.
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