Parafraseando la operación contra el narcotráfico “A Ultranza Py”, ahora se ve que el objetivo “a ultranza” del cartismo se ha logrado, pero a expensas de exponer públicamente su lado más tenebroso, como es la indefensión total de la República ante las andanzas con el manto de impunidad de narcos y del crimen organizado, como se demostró ahora con el caso de la anulación del código rojo de Interpol para favorecer a la esposa y a un allegado paraguayo del uruguayo prófugo Sebastián Marset, quien incluso se dio el lujo de emitir una entrevista en un canal de televisión de Montevideo posiblemente desde territorio paraguayo, amparado por una descarada protección proveniente del poder político, según reconocieron personeros del mismo régimen cartista. Movido “a Diesel” Esta situación no sorprende, desde el momento que existen exponentes ya retirados de la Corte como el caso de la exministra Alicia Pucheta, quien se propuso apoyar el libreto cartista para así ser miembro del Consejo de la Magistratura, en directa violación de la Constitución Nacional, que en su artículo 263 dispone que un integrante de dicho organismo, clave para el nombramiento de jueces y fiscales, debe durar tres años en sus funciones y sólo podrá ser removido por juicio político. Ahora la Corte Suprema deberá expedirse sobre una acción de inconstitucionalidad presentada por Kronawetter contra el nombramiento de Pucheta, y ya se descuenta de antemano que su presidente César Diesel operará con todo para rechazar la presentación, habida cuenta que se conoce su inclinación por el unicato cartista, según declaraciones de la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, quien acusó al titular del Poder Judicial de ser “el articulador de Honor Colorado para ubicar a jueces y fiscales leales que defiendan al crimen organizado”. La desmoralización en las filas opositoras es tal que ya está dañando a la democracia, por ser el PLRA uno de los pilares de la transición democrática junto al otro partido tradicional, el Colorado, cuya disidencia tampoco se ha puesto a la altura de las actuales circunstancias que exigen una fuerte postura para evitar que el unicato cartista logre su objetivo de la captura judicial, dejando la pista libre para el auge de lo peor para el destino social de la nación, como sería el caso del avance de la narcopolítica dentro de la Justicia. La “refundación” liberal es la meta de muchos afiliados al PLRA, pero la misma no pasa evidentemente por suprimir al partido que contribuyó a la caída de la dictadura stronista, como es la intención de algunos nostálgicos del viejo Partido Liberal, sino por una solución integral que consista en primer lugar en asumir una postura opositora al cartismo y no colaboracionista, que lamentablemente es la actual tendencia de varios legisladores liberales, como ha denunciado el senador Eduardo Nakayama, quien como recurso extremo ha renunciado a su afiliación en protesta después de la demostración de claudicación ante el cartismo de algunos de sus correligionarios, en ocasión del juramento en el Senado como miembro del Consejo de la Magistratura de la exministra de la Corte, Alicia Pucheta de Correa.
Horacio Cartes dio la orden y Alicia Pucheta ya está en el Consejo de la Magistratura. Su juramento en el Senado intentó ser resistido por la oposición no cartista, pero los votos resultaron insuficientes para impedir otro atropello a la Constitución.
Transcurridos los primeros cien días del gobierno de Santiago Peña, se puede afirmar que el balance ha sido negativo para la democracia, pero positivo para la intención cartista de consolidar el unicato de Horacio Cartes. El cartismo ha logrado con suma rapidez el control del sistema judicial, en previsión de algún movimiento que implique el intento de quebrar el poder fáctico del empresario tabacalero y deportivo. Pero el copamiento de la Justicia se consigue con un precio muy alto para el país, por causa de una oposición inexistente y por la prioridad de defender “a ultranza” el blindaje...
Estaba previsto que el cartismo iba a acelerar el copamiento de la Justicia, poniendo así freno a cualquier intención en la Fiscalía de armar una causa en contra de Horacio. Teniendo en sus manos el Parlamento, por la defección de algunos “opositores” especialmente en el Senado y ante la inexistencia de una disidencia colorada que se podría haber esperado al menos en Diputados, la cancha libre permite a HC consolidar su influencia en el Poder Judicial.
El avance sobre la Justicia empieza lógicamente con el control sobre el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, pero también no se debe dejar de mencionar el extraño comportamiento del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien asumió ya en marzo y podría haberse adelantado en la toma de medidas firmes para contar con fiscales aguerridos y capaces de enfilar hacia la consecución de causas penales contra Cartes, pero no lo hizo, quizás porque sabía de antemano que la prioridad era precisamente blindar el poder fáctico del hombre fuerte de la política...
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