Esto, atendiendo “la situación climática adversa que afecta actualmente al país y que ocasiona severos inconvenientes a los sectores productivos”, según se explica en el mismo documento.
Esta medida de apoyo financiero se aplicará previo estudio de cada caso, se especifica en la misma resolución. Se incluyen además los intereses devengados y otros cargos, detalla.
Otra condición, además de que la actividad sea agrícola o ganadera y se compruebe que haya sido afectada por las inundaciones, es que las obligaciones no estén vencidas al 31 de diciembre de 2018.
Esta decisión fue tomada luego de que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) haya presentado dos notas, el 10 de abril y el 7 de mayo. También el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) presentó una nota al respecto el 13 de mayo.
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