La imputación fiscal describe presuntas actuaciones del entonces mandatario para favorecer al grupo empresarial vinculado a la entidad bancaria. El escrito también menciona reuniones reservadas con Miguel Vázquez, titular del conglomerado.
La hipótesis del Ministerio Público contra el expresidente Santiago Peña incorpora varios elementos sobre la relación que habría mantenido con Ueno Bank y el Grupo Vázquez. En otra parte del relato fiscal, los investigadores sostienen que el exmandatario habría utilizado las atribuciones propias de la Presidencia de la República para promover decisiones relacionadas con la colocación y permanencia de recursos públicos en una entidad con la que mantenía intereses económicos y beneficios.
Según el escrito de imputación, Peña no habría limitado su intervención al respaldo público de la entidad bancaria, sino que también habría desplegado actuaciones desde su posición institucional para favorecer la continuidad de operaciones financieras que, de acuerdo con las observaciones técnicas conocidas por las autoridades, representaban riesgos para el patrimonio del banco y los recursos estatales y previsionales.
Los fiscales sostienen que, pese a haber tomado conocimiento de cuestionamientos sobre la situación financiera y patrimonial de Ueno Bank, el entonces presidente habría mantenido una conducta de respaldo hacia la entidad. Esta posición, según la hipótesis investigativa, habría contribuido a que funcionarios responsables de administrar y proteger fondos públicos mantuvieran decisiones de colocación de recursos que terminaron exponiéndolos a operaciones consideradas perjudiciales.
La responsabilidad que atribuye la Fiscalía en el perjuicio al Fondo de Garantía de Depósitos
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