En noviembre del 2025, los padres, hermano, esposa, hijos, nuera y otros parientes del ex presidente Santiago Peña Palacios lograron en ese entonces que el juez en lo Civil, Diego Alejandro Torres, concediera un amparo constitucional que prohibía al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dar datos…
El 30 de octubre del 2025, presentaron un amparo Carlos Antonio Ocampos Zelada, María Teresa Villate Garcete, Carlos Ocampos Villate, Adriana Ocampos Villate, Leticia Ocampos Villate (esposa de Peña), Ana María Palacios de Peña (madre), José Cayetano Peña Nieto, Gonzalo Peña Ocampos, Serenella Argaña Scavone (nuera), Manuel Peña Palacios (hijo), Claudia Verónica Gómez Abente, Francisco Peña Palacios (hermano) y Rocío Caballero Bosch, contra el .
Argumentaron que estaban en inminente peligro de violación por parte de la cartera estatal sus derechos constitucionales fundamentales a la intimidad y a la inviolabilidad del patrimonio documental.
Ante esto, el juez pidió informe al Ministerio de Economía y Finanzas, con lo que el 3 de noviembre del 2025, se presentó el abogado Miguel Cardozo Zárate, bajo patrocinio del abogado del Tesoro Ángel Fernando Benavente Ferreira, en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, donde informaron al respecto.
Refería la contestación que el 7 de setiembre del 2025, Hugo Javier Portillo, a través del Portal Unificado de Información Pública, había requerido informes sobre todas las sociedades o empresas que figuraban los amparistas, en cualquier calidad de accionista, socio fundador, miembro del directorio o administrador, representante legal o apoderado, propietario registrado o cualquier vínculo societario o de gestión empresarial.
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