Sí, es paradójico pero es lo que sucede en la realidad. Desde finales de 2019, las empresas que operan en la zona franca pagan aranceles de entre 16% a 35%, para el ingreso de sus productos al mercado brasileño. Ante esta situación, los empresarios advirtieron que esto podría desencadenar el despido de trabajadores e incluso el cierre de empresas.
No obstante, según la versión del Gobierno, esta normativa data de hace bastante tiempo, y lo mejor sería negociar para que cada sector pueda obtener aranceles convenientes y generar nuevos puestos de trabajo y exportar con normalidad. “Está en la potestad de cada país cobrar o no los aranceles”, expresó Pedro Mancuello, viceministro de Comercio del MIC.
“El principal inconveniente es que existe en el Mercosur un acuerdo que determina que los productos que vienen de zonas francas tienen tratamiento de extrazona”, expresó.
Dentro del Mercosur hay una normativa que se acordó en 1994, que Paraguay adoptó mediante un decreto y, al ser aprobado por los otros países, entró en vigencia. El documento señala que desde esa fecha, todos los productos que provienen de zona franca tienen dicho tratamiento, es decir, a ser tratados como productos provenientes de China, en cuanto al cobro de aranceles.
“La resolución dice claramente: salvo decisiones contrarias, todos los productos de zona franca tienen tratamiento extrazona. Entonces, está en la potestad de cada país cobrar o no aranceles. De hecho, Paraguay cobra a todos los productos de la zona franca de Manaus, que habitualmente abonan los aranceles externos e ingresan sin problemas”, afirmó.
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