Desde el 2012, las finanzas públicas de Paraguay arrastran un déficit, luego de que el Congreso Nacional haya concedido un aumento salarial de 38% en promedio, a los empleados públicos. Hasta el año pasado, el déficit no sobrepasaba el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB). El porcentaje figura como límite en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LFR). Un instrumento fiscal diseñado para contener el gasto público, principalmente el componente salarial, que en promedio se lleva el 80% de los ingresos tributarios recaudados por el Estado. La llegada del covid-19 al país encontró al Gobierno sin recursos.
Se mencionaba que hasta 2018 el déficit fiscal llegaba al tope de lo estipulado en la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) porque en el 2019 el límite fue sobrepasado. A través de una ley especial, el Ministerio de Hacienda solicitó al Congreso Nacional la aprobación excepcional para superar el límite de 1,5% haciendo uso del Artículo N° 11. En el mismo se estipula que en casos de emergencia nacional, crisis internacional que pueda afectar seriamente la economía nacional o una caída de la actividad económica interna, últimos dos eventos que ocurrieron, el déficit puede ser superior al 1,5%,...
El 2020 arrancaba con unas cuentas públicas sobrepresionadas. Por tanto, la llegada del covid-19 al país encontró al Gobierno sin recursos. Para enfrentar la pandemia, se aprobó la Ley de Emergencia Económica, que fue fondeada con US$ 1.600 millones provenientes de préstamos. El paquete de créditos aumentó no solo el nivel de endeudamiento del país, que se situó en 28% del PIB, sino también el déficit fiscal, el cual se estima llegaría al 7% del PIB para el cierre de este año.
Aunque el Congreso Nacional aprobó el importante paquete de financiamiento sin retrasos, el cuestionamiento siempre se centró en la toma de nuevas deudas. Tanto es así, que incluso para el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy), la Cámara de Senadores rechazó la ampliación de fondos con financiamiento externo ya aprobado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) de US$ 210 millones y Fonplata (Banco de Desarrollo) de hasta US$ 60 millones. Sin recursos adicionales, este instrumento financiero no podrá ampliar su cobertura a otros segmentos y sectores económicos del país, que hoy claman...
De acuerdo con datos de la cartera económica, el Plan de Reactivación demandará entre US$ 2.000 y US$ 2.200 millones. Si bien desde Hacienda mencionan que ya se cuenta con un alto porcentaje de los recursos aprobados, se desconoce si la venia es por parte del Congreso Nacional o de los organismos internacionales. El problema se centraría en caso de que no se cuente con la aprobación del Parlamento, al considerar que los congresistas no estarían dispuestos a respaldar más paquetes de financiamiento externo.
Leer la nota completa en Diario ABC