La Corte Suprema de Justicia promovió unas aberrantes acciones de inconstitucionalidad contra normas relacionadas con la racionalización del gasto público, como la que limita a tres los asesores remunerados que pueden incorporar las autoridades de los organismos del Estado, y otras que establecen restricciones en cuanto a la contratación de seguro de vida, cupos de combustibles y alimentación para los burócratas de tales organismos, entre otros. Tales acciones se basan en que se habrían ignorado normas de la Carta Magna referidas al poder público, a la independencia del Poder Judicial, a su autarquía presupuestaria y a la facultad de la Corte de dictar su propio reglamento interno. Es tan absurdo sostener que reducir el gasto superfluo en la judicatura atente contra el equilibrio entre los Poderes, suponga arrogarse atribuciones judiciales o implique negar a la Corte la facultad de regular su propio funcionamiento.
La Corte Suprema de Justicia promovió unas aberrantes acciones de inconstitucionalidad contra una norma de la ley que racionaliza el gasto público y contra varios artículos de la Ley del Presupuesto General de la Nación (LPGN), así como de su decreto reglamentario. La primera disposición citada dice, en su segunda parte, que la máxima autoridad de los organismos y entidades del Estado (OEE) y los miembros de los órganos colegiados podrán incorporar “hasta un máximo de tres asesores remunerados”, quienes “durarán en sus funciones mientras lo hagan dichas autoridades”. Las normas de la LPGN...
En ambas acciones de inconstitucionalidad, la Abog. Mirtha Morínigo de Florentín alegó falsamente, por instrucciones de sus mandantes manirrotos, que se habrían ignorado las normas de la Carta Magna referidas al poder público, a la independencia del Poder Judicial, a su autarquía presupuestaria y a la facultad de la Corte de dictar su propio reglamento interno. Es tan absurdo sostener que reducir el gasto superfluo en la judicatura atente contra el equilibrio entre los Poderes del Estado, suponga arrogarse atribuciones judiciales o implique negar a la Corte la facultad de regular su propio...
Cabe precisar, en cambio, el correcto sentido del art. 249 de la Carta Magna, titulado “De la autarquía presupuestaria”, aunque empiece diciendo que “el Poder Judicial goza de autonomía presupuestaria”. Esto no significa que sea autosuficiente ni que pueda disponer con toda discrecionalidad del dinero público que se le asigne, como bien surge del segundo párrafo de dicha norma: “El presupuesto del Poder Judicial será aprobado por el Congreso y la Contraloría General de la República verificará todos sus gastos e inversiones”.
La Constitución no manda que el Poder Legislativo acepte a ciegas el proyecto elaborado por el Judicial, pues ello supondría vulnerar la potestad del Congreso de sancionar la LPGN. En palabras del ciudadano convencional de 1992, Rafael Eladio Velázquez: “Estas expresiones ‘autarquía’ o ‘autonomía’ podrían prestarse a equívocos y podría, inclusive, pretenderse que las atribuciones generales que tienen tanto el Congreso como la Contraloría, en materia presupuestaria, no rigen para un Poder que goza de autonomía o autarquía. Ello hace necesario (...) que el segundo párrafo sea inserto en el...
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