Los miembros del Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) ostentan una vida privilegiada, muy lejos de la realidad que soporta la ciudadanía, cada día, con el pésimo servicio que ofrecen como transporte público. En los últimos 16 meses, los 25 empresarios que conforman este gremio recibieron del Estado paraguayo la suma de G. 247.814 millones, que en dólares representan unos 33,4 millones como subsidio. Hoy se prevé una nueva reunión con autoridades para ver si se desactiva el paro previsto para el próximo 20 de mayo.
Concejal capiateño y hermanos lideran en el cobro del subsidio
El concejal municipal (colorado cartista) de Capiatá Roberto Jiménez Ayala aparece junto a sus hermanos Édgar Ignacio, Víctor Hugo (concejal departamental de Cordillera) y Myrian Graciela Jiménez Ayala como accionista de dos empresas miembros de Cetrapam que más subsidio recibió del Estado entre enero de 2023 y abril de este año. En total, esta familia se embolsilló la escalofriante cifra de G. 27.527.858.378, alrededor de US$ 3,7 millones, para garantizar el servicio de transporte público.
Los registros comerciales detallan que los Jiménez Ayala son parte de la Empresa de Transporte Capiatá SRL (líneas 53-58-128) y a partir de febrero de 2021 de la Empresa de Transporte Mariscal López SRL (línea 38). La primera recibió unos G. 14.433 millones, mientras que la segunda G. 13.094 millones, de acuerdo a datos oficiales del Viceministerio de Transporte.
Los hermanos Jiménez Ayala también figuran como accionistas de Lomagrandense SA de Transportes, Comercial e Industrial.
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