Hace más de un mes que usuarios del transporte público del Área Metropolitana son víctimas del incumplimiento de la frecuencia de colectivos, que violan su obligación contractual con el Estado y el derecho básico de las personas de tener el servicio garantizado. El Gobierno Nacional guarda silencio ante la crisis y hace una semana está sin viceministro de Transporte.
A finales de febrero, cuando ya se comenzaron a percibir las reguladas, el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) había anunciado un paro total del servicio para el 8 y 9 de marzo, argumentando que con el aumento del combustible y la caída de la demanda debido a la pandemia no podían seguir operando en condiciones competitivas. Exigió un aumento del precio del pasaje o del subsidio otorgado en compensación del mismo. La medida fue levantada debido a que coincidía con las protestas ciudadanas.
Desde entonces, el servicio no se presta de manera regular y con el fin de “reforzarlo”, el Gobierno dispuso de vehículos de la Policía Caminera y de las Fuerzas Armadas para “garantizar” que la gente llegue a destino, pero eso solo duró un par de días. Además, el presidente Mario Abdo Benítez promulgó la ley que habilita a buses escolares y similares a operar como transporte público, aunque no sirvió, pues esos vehículos no tuvieron incentivos y finalmente no salieron a las calles.
En medio de este ambiente, se sumó el encarecimiento del combustible (que ya se dio en marzo para los usuarios en general, pero congelaron tarifa por ese mes para transportistas) y la renuncia del viceministro de Transporte, Pedro Britos. Hoy se cumple una semana de su salida y hasta ahora no se informó quién lo reemplazará.
Abdo también firmó un decreto para crear el Consejo Asesor de la Tarifa del Transporte Público al verse acorralado por las críticas acerca de que las negociaciones con los empresarios del sector se realizan a puertas cerradas. La comisión está integrada por instituciones públicas y los representantes de gremios transportistas, pero sigue la falta de transparencia pues los encuentros son a puertas cerradas y ni siquiera dieron cabida a la academia, sector que cuestionó que históricamente no se le tenga en cuenta al momento de tomar decisiones.
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