Foto: RDN (Fuente: ABC) El viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Óscar Llamosas, dijo ayer que la decisión tomada por los legisladores va de contramano a todo lo que se venía conversando con relación a respetar el tope de gasto del Presupuesto General de la Nación 2020, ya que “de un plumazo” se aprueba una ley cuyo costo representará por año unos US$ 80 millones adicionales.
El viceministro de Administración Financiera de Hacienda, Óscar Llamosas, dijo ayer que la decisión tomada por los legisladores va de contramano a todo lo que se venía conversando con relación a respetar el tope de gasto del Presupuesto General de la Nación 2020, ya que “de un plumazo” se aprueba una ley cuyo costo representará por año unos US$ 80 millones adicionales.
El Congreso rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la Ley N° 6381/2019, que modifica y amplía la Ley N° 3728/2009, que establece el derecho a la pensión alimentaria para las personas adultas mayores en situación de pobreza y, con ello, amplía el potencial de beneficiarios a una cantidad que, según Hacienda, es insostenible en el tiempo porque no hay recursos.
La ley modificada por el Legislativo sustituye el término “en situación de pobreza” por “en situación de vulnerabilidad social”, sin definir qué implica este último y con esto abre la posibilidad de ampliar la cantidad potencial de beneficiarios, contrariamente a la anterior que se enfocaba a las personas que estaban en la pobreza.
A noviembre están registrados 198.207 beneficiarios de la pensión alimentaria y “el riesgo es que se duplique la cantidad de beneficiarios”, indicó Llamosas en tono preocupado e insistiendo en que la modificación de la ley aprobada por el Congreso es insostenible en el tiempo.
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