Debido a que la Constitución Nacional no le da facultades a la Contraloría General de la República para hacer auditorías a fondos privados, los proyectistas de la normativa de modificación a la ley de financiamiento político decidieron suprimir la parte que en principio le incluía al ente contralor para que realice los controles desde las internas partidarias. El proyecto original establecía la creación de “una unidad especializada de fiscalización presidida por funcionarios del Tribunal Superior de Justicia Electoral, e integrada temporalmente por funcionarios de la Contraloría General de...
Con la nueva modificación quedaría exclusivamente a cargo de la Justicia Electoral y en las elecciones generales, el TSJE correrá vista a la Contraloría de la presentación efectuada por el término de sesenta días para la realización de una auditoría de la rendición final.
Mientras que la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Secretaría de Prevención de Lavado de dinero o Bienes coadyuvarán en las actividades de fiscalización realizadas por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, sin que esto impida el trabajo del Ministerio Público, si el hecho así lo amerita.
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