El país sudamericano necesita hacer un mejor trabajo en el monitoreo de su sistema financiero- o enfrentar las consecuencias.
El Departamento de Estado de EE.UU. calificó el año pasado al grupo Hezbollah, un grupo militante y partido político libanés, como una organización criminal transnacional debido a su larga y bien documentada alianza con los carteles latinoamericanos de la droga.
Un punto central de las operaciones de Hezbollah en el Hemisferio Occidental es el área de la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, un santuario para todo tipo de crimen organizado. Varios casos de financiación terrorista, lavado de dinero y tráfico de drogas en juzgados de EE.U.U. tienen que ver con operaciones de Hezbollah en esa zona.
Argentina y Brasil han mostrado una creciente predisposición para tomar acciones contra Hezbollah, pero Paraguay, el país donde la organización debería ser atacada con más fuerza, es el más reacio a reconocer el desafío.
El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, en el poder desde el pasado Agosto, está bajo presión para cambiar esta situación. A pesar de un arranque esperanzador, su administración continúa plagada de los mismos problemas que sus antecesores no pudieron superar y un golpe de realidad se acerca. Este año, el Grupo de Acción Financiera, una organización intergubernamental, evaluará a Paraguay para determinar la efectividad de sus leyes antilavado y de sus sistemas financieros antiterroristas, para los cuales el Grupo de Acción (Gafilat) establece estándares internacionales.
Leer la nota completa en Diario 5 Días
