El caso de la Abog. María Laura Miers, la funcionaria del Congreso que, desde hace un año, trabajaba a tiempo completo en el domicilio del exsenador Óscar González Daher, condenado por los delitos de tráfico de influencias, declaración falsa y enriquecimiento ilícito, dista mucho de ser insólito. Se recordará que el exdiputado José María Ibáñez y el diputado Tomás Rivas (ANR) hacían aparecer a sus caseros como funcionarios de la Cámara Baja, para pagarles sus salarios. La funcionaria mencionada debió declarar ayer ante el Senado, pero una “oportuna” enfermedad, y el consiguiente certificado médico, impidieron el trámite. Es evidente que existe toda una estructura podrida que mantiene este atroz estado de cosas, contra la cual la ciudadanía debe rebelarse con sus votos.
El caso de la Abog. María Laura Miers, la funcionaria del Congreso que, desde hace un año, trabajaba a tiempo completo en el domicilio del exsenador Óscar González Daher, condenado por los delitos de tráfico de influencias, declaración falsa y enriquecimiento ilícito, dista mucho de ser insólito. Se recordará que el exdiputado José María Ibáñez y el diputado Tomás Rivas (ANR) hacían aparecer a sus caseros como funcionarios de la Cámara Baja, para pagarles sus salarios. El primero admitió en sede judicial haber cometido los hechos punibles de estafa, expedición de certificado de contenido...
Por su parte, la funcionaria mencionada habría hecho de secretaria, o, mejor dicho, de operadora política del también condenado Óscar González Chaves, candidato a concejal. La misma debió declarar ayer ante el Senado, pero una “oportuna” enfermedad, y el consiguiente certificado médico, impidieron el trámite.
Lo llamativo en este nuevo escándalo, que estalló solo cuando la prensa reveló su verdadero lugar de “trabajo”, es que el beneficiario de los servicios personales a costa del contribuyente seguía disfrutando de las mieles del poder, pese a que ya no era legislador y a que fue hallado culpable de la comisión de tres hechos punibles. En otras palabras, seguía mandando en el Congreso, por razones que su presidente Óscar Salomón (ANR) tiene que explicar, dado que es el ordenador de gastos y no puede atribuir la responsabilidad exclusiva al personal administrativo encargado de controlar la...
La protegida fue puesta ahora “a disposición” de la Dirección de Recursos Humanos, hasta tanto concluya el sumario administrativo instruido por la Secretaría de la Función Pública, pese a lo cual se la vio nuevamente acudiendo a la casa del exsenador luqueño. Si la falta imputada implica, además, un delito de acción penal pública y el juez sumariante cree que la acusación es verosímil, la funcionaria debe ser suspendida en el cargo hasta que termine el proceso judicial, con goce de sueldo mientras no se dicte prisión preventiva. Vale apuntarlo ya que, tratándose de un affaire similar al de...
Leer la nota completa en Diario ABC
