El mismo Senado que el 4 de abril restituyó sus respectivos fueros a los procesados Erico Galeano (ANR, cartista), Hernán Rivas (ANR, cartista) y Rafael Filizzola (PDP) pretendió corregir trece días después su “error” (según ellos) revocando la insólita decisión, es decir, volviendo a suspender la inmunidad parlamentaria de los beneficiarios, como si aquí no hubiera pasado nada. Lo grave del asunto es que la anterior medida ya había sido notificada al Ministerio Público, teniendo “el inmediato efecto de detener los procesos”, según señaló el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en la acción de inconstitucionalidad promovida contra ella ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Lo perpetrado por los senadores cartistas en connivencia con la multibancada que les es condicional está muy distante de poder ser calificado como un “error”: en puridad, tiene todos los condimentos para ser considerado como una grave violación de la Constitución Nacional de la República del Paraguay y una intromisión de poderes, un hecho sin precedentes ante el cual ni la Corte Suprema de Justicia ni el Ministerio Público pueden ni deben quedar impávidos.
No fue un error, sino un grave atropello a la Constitución Nacional
El mismo Senado que el 4 de abril restituyó sus respectivos fueros a los procesados Erico Galeano (ANR, cartista), Hernán Rivas (ANR, cartista) y Rafael Filizzola (PDP) pretendió corregir trece días después su “error” (según ellos), revocando la insólita decisión, es decir, volviendo a suspender la inmunidad parlamentaria de los beneficiarios, como si aquí no hubiera pasado nada. Lo grave del asunto es que la anterior medida ya había sido notificada al Ministerio Público, teniendo “el inmediato efecto de detener los procesos”, según señaló el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en la...
La Resolución senatorial N° 502 violó abiertamente los artículos 3 y 248 de la Ley Suprema: el primero dice que ningún poder del Estado puede atribuirse “facultades extraordinarias”, como lo fue la de restituir fueros, no prevista entre las atribuciones del Legislativo; el segundo, que garantiza la independencia del Judicial, prohíbe a los miembros de los otros poderes, entre otras cosas, “paralizar” los procesos existentes e “intervenir de cualquier modo en los juicios”. A mayor abundamiento, se podrían citar los artículos 273 y 292 del Código Penal, que se ocupan, respectivamente, del...
El Ministerio Público ya tendría que estar investigando si se cometieron o no esas fechorías que, por lo demás, no fueron meras tentativas; surtieron efectos, paralizando procesos: la violación constitucional ya fue consumada, como bien dice el exmagistrado Pedro Mayor Martínez, agregando que la Corte Suprema de Justicia (que aún no se ha expedido sobre la acción de inconstitucionalidad iniciada por la exsenadora Kattya González hace casi 60 días) tuvo que haber dado su respaldo a los jueces intervinientes y advertido al Senado que lo dispuesto era inadmisible. A su juicio, el Ministerio...
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