“Iglesia y Estado, asunto separado” es el lema con el que se pretende mantener la política desligada de la religión. Sin embargo, pese a largos intentos históricos, aún resulta difícil consolidar un país laico y neutral en cuestiones eclesiásticas.
Un estado laico, a diferencia de otro confesional, no tiene una religión oficial y se considera incapaz de interferir en materia eclesiástica, declarando la autonomía e independencia de los dos bloques. No obstante, algunos expertos hacen una diferenciación entre la “laicidad” y la “no confesionalidad” de un gobierno.
Según el teólogo español Carlos Corral Salvador, la aconfesionalidad de un estado indica que no hay o que dejó de existir una religión oficial dentro de su territorio, mientras que la laicidad implica que el gobierno se considera neutral ante las cuestiones relacionadas a la fe y no permite injerencias de ningún credo en las decisiones políticas.
Más allá de la discusión que generan estos conceptos, el deseo de remarcar la diferencia entre el ámbito teológico y el político tiene larga data; así, la cuestión resurge de tanto en tanto, mediante manifestaciones en diversas regiones del planeta. Uno de los ejemplos más cercanos es la apostasía colectiva que ocurrió en Argentina el año pasado, durante el tratamiento del proyecto de ley que, de haber sido aprobado, hubiera despenalizado el aborto.
Hasta la Revolución Francesa, en Europa y todo Occidente no había teocracias propiamente dichas, sino una fuerte influencia de las denominaciones religiosas, sin que estas ejerzan el poder de manera directa, según explica Enrique Cosp, investigador histórico y autor del libro “Curiosidades y polémicas de la Guerra Grande”, afirma que “las personas debían seguir necesariamente la religión oficial pues, si no lo hacían, podían sufrir persecuciones y muerte; por ejemplo, la Iglesia Anglicana asesinaba a sacerdotes católicos y prohibía realizar misas, por otra parte, los judíos en toda Europa...
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