El presidente abandonó su principal función política mientras se muestra despreocupado tras la crisis. Gobierno optó por dejar enfriar el escándalo. No hay reforma y denunciados siguen impunes.
Las conversaciones del diputado fallecido Eulalio Lalo Gomes, que fueron reveladas luego de la extracción de datos de su teléfono, demuestran el avance del crimen organizado hacia todas las instituciones del Estado; sin embargo, pese a la gravedad del hecho, a una semana y media de la cumbre de poderes, el Gobierno ni la Justicia dieron respuesta.
Santiago Peña había convocado a la reunión de los titulares de cada poder estatal y extrapoderes, pero hasta ahora, el presidente no tomó acción y más bien dio respaldo a sus ministros involucrados en el esquema de corrupción ligada a la mafia. Ellos son los hermanos Marco Alcaraz, de Inteligencia, y Liliana Alcaraz, de Seprelad, quienes aparecen vinculados en operaciones irregulares encabezadas por Lalo, que incluyen manipulación de casos penales, al igual que José Alberto Alderete, asesor político de la presidencia.
El presidente abandonó su rol de ser responsable de la conducción política y de seguridad del país, ya que no tomó medida alguna para devolver la confianza a la ciudadanía y la comunidad internacional, mientras se siguen revelando cada vez más hechos que implican a las autoridades en casos de corrupción.
En el Congreso Nacional la situación es similar. Honor Colorado tomó la decisión de mandar al frente al diputado Orlando Arévalo y le pidió que renuncie del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y a su banca por su vinculación con Lalo; sin embargo, funcionó como un chivo expiatorio para dejar intacta la estructura corrupta de la que formaba parte.
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