La lucha es entre la deshonestidad y la transparencia - Editorial - ABC Color

En julio de 2018, la Contraloría General de la República promovió una acción de inconstitucionalidad contra los fallos de primera y de segunda instancias que hicieron lugar a un recurso de amparo planteado por el periodista de este diario Juan Carlos Lezcano, para tener acceso a la declaración jurada de bienes y renta de funcionarios públicos. Dicho órgano, en aquel entonces dirigido por Enrique García, se había negado de hecho a entregarle una copia de tales declaraciones. Ninguna norma constitucional prohíbe que un ciudadano conozca el patrimonio de quienes están a su servicio, sino, por el contrario, algunas favorecen la primacía del interés general sobre el particular. El pueblo tiene derecho no solo a conocer los motivos por los que cada funcionario toma ciertas decisiones, sino también si existe una correspondencia entre el sueldo que percibe y el patrimonio del que goza. Si el ostensible tren de vida de un servidor público no condice con el salario que percibe ni con el caudal declarado bajo juramento, bien podría sospecharse que ha recurrido a la corrupción, en perjuicio del bien común. ...[Leer más]