Otro monstruo más complejo a derrotar es la perfecta red de protección a la corrupción gracias a los vínculos familiares, políticos y económicos. La trama se va consolidando con los vínculos políticos y relaciones familiares: El director de la UOC está casado con la funcionaria de Contrataciones Públicas, el hijo del ministro de la Corte es diputado, la sobrina del senador es la dueña de la empresa que gana las licitaciones, y así sucesivamente los vínculos familiares y políticos alimentan la red que vive sin contratiempos de los salarios públicos, crece y se perfecciona cada día más al solo efecto de succionar los fondos públicos en las mínimas y máximas compras del Estado y es transversal a todos los gobiernos. En medio de la tormenta por las denuncias de corrupción, Donald Trump tiró un salvavidas. Hay expectativa y temor por lo que puede suceder en cuanto a contagios, pero si no habla en voz alta y con firmeza para evitar la escandalosa corrupción, la epidemia de la corrupción terminará por engullir todo lo que logró en materia sanitaria.
Desde la aprobación de la Ley de Emergencia que destinaba 1.600 millones de dólares al combate del Covid19 en las áreas más sensibles, se reclamó transparencia y honestidad en el uso de los millonarios fondos. Pero las autoridades respondieron con lentitud a este pedido. Se firmaron pomposos convenios interinstitucionales para supuestamente controlar, pero los dos primeros escándalos (Dinac y Petropar) fueron denunciados por las redes sociales. “Para que una investigación no avance, crea una comisión”, señala con certera ironía una frase atribuida a Juan Domingo Perón.
Pero los zorros de siempre subestimaron la fiscalización ciudadana y mediática. Hay menos tolerancia que antes. Al escándalo del tapabocas que arrastró a Édgar Melgarejo y Patricia Samudio, ahora se suman funcionarios del Ministerio de Salud, tras el escándalo de las camas hospitalarias. Pablo Lezcano, de la Unidad de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública; Alcides Velázquez, director de Administración y Finanzas, y Lourdes Rivaldi, de la Dirección de Vigilancia Sanitaria, “renunciaron” a sus cargos, alegando “razones personales”.
A la falta de tino político (“en esta delicada situación de vida o muerte nos abstendremos de robar”), tampoco hay clara lectura política. El presidente Abdo Benítez no se anima a echar a los funcionarios/amigos acusados de corrupción. Les otorga la “digna” salida de la renuncia. El propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni, decía el miércoles que las denuncias se iban a dirimir a su tiempo y por los canales institucionales. “Pero no lo vamos a hacer debido a una presión mediática o política”, respondió irritado. Pero ante la bola de nieve de las sospechosas licitaciones al día siguiente se...
El Gobierno sigue sin comprender a cabalidad que si no actúa con rapidez para apagar las sospechas de corrupción, y cortar de raíz cualquier intento, todo el capital político que logró con el manejo de la epidemia puede perderse por la flaqueza de sus indecisiones. Solo con confianza puede seguir exigiendo esfuerzos para enfrentar el largo camino de la cuarentena.
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