El recurso de casación directa o per saltum solo puede ser planteado contra condenas o absoluciones y no contra resoluciones del Tribunal de Sentencia dictadas en la etapa previa al juicio oral, aún cuando pongan fin al proceso. Esto, según la Sala Penal, que declaró inadmisible un recurso de casación directa porque fue planteado contra un auto interlocutorio y no contra una sentencia. Ante esto, la fiscala María Isabel Arnold planteó recurso extraordinario de casación directa en contra de la decisión del Tribunal de Sentencia de Pedro Juan Caballero. 479 del CPP, establece en forma clara que solo una sentencia definitiva puede ser impugnada directamente a través del recurso de casación directa”. “El precepto legal citado, es contundente al establecer la posibilidad de interposición de forma directa del recurso de casación contra una sentencia definitiva dictada en primera instancia”, acota. Aún cuando el auto interlocutorio pone fin al proceso, la Corte dice que solo cuando se dicta una sentencia en los juicios orales se puede plantear la casación directa. Según el Código Procesal Penal, cuando una sentencia de primera instancia pueda ser impugnada por algunos de los motivos establecidos en el artículo anterior, se podrá interponer directamente el recurso extraordinario de casación. Además, sostiene la legislación procesal que si la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no acepta la casación directa, enviará las actuaciones al tribunal de apelaciones competente para que lo resuelva conforme a lo establecido para la apelación especial.
El recurso de casación directa o per saltum solo puede ser planteado contra condenas o absoluciones y no contra resoluciones del Tribunal de Sentencia dictadas en la etapa previa al juicio oral, aún cuando pongan fin al proceso. Esto, según la Sala Penal, que declaró inadmisible un recurso de casación directa porque fue planteado contra un auto interlocutorio y no contra una sentencia. Con esta interpretación, solo queda el recurso de apelación general, con plazo de 5 días.
Fue fallo unánime de los ministros Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia. La fiscala de la Unidad contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de niños, niñas y Adolescentes, María Isabel Arnold, planteó el pedido.
Veamos. En Pedro Juan Caballero, el 17 de enero del 2017, una adolescente de 15 años, supuestamente, fue maltratada física y sicológicamente, incluso, obligada a ingerir soda cáustica, según la imputación de las fiscalas María Isabel Arnold y Teresa Martínez contra Rosa Lorena Del Valle y Anderson Ríos.
Ambos se habían puesto a disposición judicial, pero luego fueron declarados rebeldes, hasta que de nuevo se presentaron y siguió la causa. La Fiscalía los acusó por presunta trata de personas con fines de explotación laboral.
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