El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por mayoría, removió a la jueza del Chaco Lourdes Margarita Sanabria, quien habría estado involucrada en un caso de cobro indebido para una constitución judicial. Por otro lado, el Jurado salvó a tres camaristas en un caso donde el miembro Rodrigo Blanco no se excusó a pesar de que su padre, el exministro de Corte Sindulfo Blanco, había intervenido en el caso analizado.
La Abog. Lourdes Margarita Sanabria, jueza de primera instancia multifueros de las ciudades de Neuland, Filadelfia y Loma Plata, circunscripción Judicial de Boquerón, fue removida del cargo al constatarse que incurrió en mal desempeño de funciones. La abogada Sary Helmann había denunciado que el actuario de la magistrada, Abog. Hugo Ortiz, le había cobrado un viático de G. 6.000.000 cuando según lo dispuesto en una acordada el costo era de solo G. 1.770.000.
El ministro de Corte Manuel de Jesús Ramírez Candia, quien se constituyó en el primer opinante en la sesión extraordinaria de este jueves, como miembro del Jurado argumentó lo siguiente: “La jueza tuvo acceso al contenido de la conversación grabada, al momento en que el actuario le solicitara una suma mayor a la permitida en la acordada reguladora y le expidió el recibo por un monto menor al solicitado y pagado por la abogada, en el despacho judicial”, empezó diciendo.
Agregó: “La conducta reprochable de la jueza consistió en primer lugar: haber tolerado sin realizar la acción tendiente a evitar que se concretara el requerimiento indebido del funcionario a la profesional abogada. En otras palabras, la jueza no realizó la tentativa de cumplir con el mandato de velar por la corrección en el desempeño de las funciones públicas al abstenerse de realizar una indicación a su subordinado, ordenando el cese del constreñimiento indebido al ajusticiado, habiendo tenido la capacidad de hacerlo”.
También argumentó: “Es importante señalar que al ejercer el actuario un cargo inferior de subordinación con respecto a la jueza enjuiciada, al haber tenido conocimiento de lo que estaba ocurriendo y al no haberse detectado un impedimento para intervenir, con lo que se concluye que la magistrada tenía capacidad real de cumplir con su mandato constitucional para velar por la correcta administración de justicia”.
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