El entonces juez Hugo Morán Ovelar ordenó, en octubre de 2011, a la Municipalidad de Mayor Otaño a cobrar impuestos inmobiliarios al quebrado BIPSA por la inexistente Finca 1.057. Meses después, este mismo magistrado autorizó a la Sindicatura de Quiebras la venta directa de ese inmueble. El clan Fretes pretendió cerrar un negocio superior a US$ 20 millones con el Indert presentando el “lote de papel”. El ente agrario rechazó la propuesta en 2020.
El clan Fretes, cuyo principal referente es el presidente (con permiso) de la Corte Suprema de Justicia, pretendía cerrar un negocio de más de US$ 20 millones con el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Quería
El inmueble identificado como finca número 1.057 (H21/1778), sin embargo, nunca pudo ser ubicado porque la escritura estaba superpuesta sobre las de otras fincas de los distritos de Mayor Otaño e Iruña, que poseían títulos de propiedad con mensura judicial incluida, así como pago de impuestos en los respectivos municipios.
El 21 de octubre de 2011, en un intento por “tapar” ese inconveniente, el ahora exjuez en lo civil y comercial Hugo Morán Ovelar había ordenado a la Municipalidad de Mayor Otaño (Dpto. de Itapúa) cobrar los impuestos inmobiliarios al quebrado Banco de Inversiones del Paraguay (BIPSA) por la finca número 1.057. Pero ni en los registros catastrales de la comuna figuraba el mencionado terreno.
BIPSA aparecía como la dueña de ese inmueble tras recibir en transferencia en el año 2000 por el pago de 23 deudas. Los bienes de la quebrada entidad bancaria estaban siendo administrados por la Sindicatura General de Quiebras, dependiente del Poder Judicial y considerado feudo del ministro Fretes.
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