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Insólito fallo judicial contra el Estado para pagar y desocupar sede militar - Política - ABC Color

Insólito fallo judicial contra el Estado para  pagar y desocupar sede militar - Política - ABC Color

Desocupar un inmueble ocupado por el Regimiento Escolta Presidencial y pagar unos G. 2.016 millones por un supuesto “lucro cesante”, dice el insólito fallo judicial contra el Estado Paraguayo. La dependencia militar, a través de la Procuraduría, llegó en 2011 a la Justicia con el fin de regularizar una ocupación de hace 40 años. Sin embargo, como propietario del inmueble apareció el exsenador oviedista Víctor Galeano Perrone, quien revirtió la demanda a su favor.

Una parte del inmueble en el cual funciona el Regimiento Escolta Presidencial debe ser desocupado en un plazo de 10 días, previo pago de un arrendamiento de G. 72 millones por año desde 1994 (alrededor de G. 2.016 millones al 2023), dice la Sentencia Definitiva N° 914, firmada por la exjueza Julia Rosa Alonso. Esta condena contra el Estado paraguayo se dio luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) buscara regularizar la ocupación de un terreno de 942 metros cuadrados, ubicado sobre Acá Verá, entre Odontólogos del Chaco y Mariscal Estigarribia, de Asunción (a pocos metros de...

En el reclamo apareció como propietario el exsenador oviedista quien se interpuso a esas intenciones y logró un fallo a su favor. Lo llamativo es que el exlegislador, conocido por su amistad con el expresidente y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, nunca ocupó el terreno y supuestamente lo adquirió cuando este ya era sede del Regimiento Escolta Presidencial.

El fallo del 20 de noviembre de 2019, al que tuvo acceso nuestro diario, relata que el 21 de marzo de 2011 el entonces procurador delegado Miguel Chaparro, bajo el patrocinio del exprocurador general José Enrique García, recurrió a la Justicia para promover una demanda de usucapión contra Galeano Perrone y así regularizar la ocupación de parte de la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El escrito decía que el terreno estaba bajo la posesión pública, pacífica e ininterrumpida de las Fuerzas Armadas de la Nación, desde hace más de treinta años.

Detallaba que en el sector están asentadas la banda militar, el pelotón de transporte, casetas de asiento de combustibles, una carpintería, aserradero de maderas y garitas de ingreso del personal militar. Todas las construcciones datan de hace 30 años, según la demanda presentada entonces.

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