Un intenso debate se generó en los últimos días por la decisión del Gobierno de conceder un aguinaldo extra a algunos sectores del funcionariado público, disfrazando el beneficio por “bonificación familiar”. Todo empezó con la misma cartera de Hacienda que pagó un “aguinaldo extra” de G. 4 millones a cada funcionario desde la semana pasada y liberó los recursos para otras entidades. De esta manera, el fisco abre la canilla poco antes de ingresar a un nuevo año netamente electoral.
Todo esto sucede contradictoriamente cuando las autoridades económicas de la República, encabezadas por el titular de Hacienda, Benigno López, se pasaron el año lamentando que los resultados de la economía no serían de los mejores. El Banco Central del Paraguay (BCP) ha estimado que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) calculado inicialmente entre 3,5% y 4%, finalmente cerrará en un pobre 0,2%.
El Fisco calcula que las arcas dejarán de percibir unos US$ 300 millones a raíz de los problemas respecto a lo presupuestado inicialmente, en tanto que el Tesoro admite que el déficit fiscal (más gastos que ingresos financiados con endeudamiento) alcanzará los US$ 1.000 millones, aproximadamente. Las remuneraciones del personal público seguirán llevándose el año próximo casi el 75% de los ingresos tributarios, en tanto que los gastos rígidos (se adicionan a lo mencionado las jubilaciones, pensiones y parte de la deuda) absorberán el 92% de lo que paga la ciudadanía en diferentes impuestos.
Posteriormente, diferentes gremios empezaron a cuestionar al Gobierno su falta de liderazgo para frenar estos pagos extras, que van a contramano del discurso realizado durante todo este año.
Los primeros en hacerlo fueron dirigentes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), que criticaron duramente las contradicciones en los discursos sobre el manejo del gasto estatal.
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