El exsenador Jorge Querey y expresidente de una Comisión Bicameral de Investigación del Congreso Nacional, por el caso Darío Messer, sotuvo que el pedido de datos que hizo la actual comisión “garrote” debió hacerse a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y no a un estudio jurídico. Abogados habían señalado a los miembros de la CBI de actuar con ignorancia y que podrían denunciarlos penalmente.
Extitular de una CBI afirma que comisión “garrote” debió pedir informe a la Corte y no a estudio jurídico
La comisión “garrote” fue blanco ayer de una dura crítica de parte de un estudio jurídico al que se le exigió la entrega de informes sobre fondos que recibió de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) por una postulación que se relacionó, después en una propuesta que hizo Colab Abogados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo a la aclaratoria del grupo de abogados, estos se habían postulado al proyecto de fortalecimiento de derecho de USAID. “Nuestro proyecto, que ya ha culminado, consistía en proponer a la Corte Suprema de Justicia soluciones eficaces e innovadoras a través del uso de herramientas tecnológicas para acelerar procesos que generalmente tienen retrasos. Principalmente motivados en que Justicia dilatada no es Justicia. Los fondos recibidos bajo el Proyecto de USAID no fueron destinados a ningún funcionario público ni fue utilizado por ninguna institución pública.
En referencia a esta situación, el extitular de una CBI, en el periodo anterior, Jorge Querey (Frente Guasu), expresó en ABC TV que los actuales parlamentarios investigadores debieron solicitar ese informe a la Corte y si tenía reserva jurídica, entra a otra carpeta.
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