De forma permanente venimos denunciando el abandono en el que viven los pobladores del Alto Paraguay, en áreas sociales sensibles como la salud y la vialidad. La falta de caminos de todo tiempo hace que estas familias experimenten largos periodos de aislamiento.
Siempre alegamos que se trata de una desidia estatal, y en verdad esto tiene mucha lógica, pues es el Gobierno central el que debe encarar el problema del aislamiento y ordenar la construcción de caminos asfaltados, que permitan evitar los encierros forzados.
Sin embargo, también es más que cierto que este abandono se debe, en gran medida, a la mala utilización del dinero público destinado a la Gobernación. Esto se evidencia en la forma de vida ostentosa que llevan algunas autoridades desde hace años, sean gobernadores o concejales departamentales, muchos de ellos incluso investigados e imputados por hechos de corrupción.
Inclusive, algunos de ellos fueron condenados por la Justicia y obligados a devolver parte del dinero público sustraído. Por supuesto, entre las autoridades departamentales también se encuentran los intendentes y concejales municipales. El reciente caso del exintendente de Puerto Casado Hilario Adorno, condenado a tres años y ocho meses de prisión por un hecho de corrupción pública, es una prueba más que elocuente.
Las obras públicas sobrefacturadas figuran entre las prácticas denunciadas con mayor frecuencia contra las autoridades. A través de estos mecanismos, algunos funcionarios terminan apropiándose de parte del dinero público que debería servir para el desarrollo del departamento. Lógicamente, las obras terminan siendo precarias y apenas sirven durante unos años.
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