No es poca cosa que un gobierno asuma comprometiéndose a mejorar sustancialmente el gasto público, hacer reformas de fondo y no subir los impuestos.
Es música para los oídos de cualquier contribuyente y un chute de optimismo para los inversores. Y puedo pecar de ingenuo, pero creo que Peña realmente quiere cumplir con ese pacto. Sin embargo, las dudas aparecen inevitablemente cuando entramos en los detalles, en esos resbalosos espacios en los que hay que convertir las palabras en hechos, donde habitan los demonios de la prebenda y la corrupción política.
Santiago Peña tiene de entrada un desafío financiero mayúsculo. Hay deudas impagas con empresas constructoras, farmacéuticas y proveedores en general, por entre USD 400 y 600 millones. Le urge pagarles a las primeras para que no se paralicen las obras públicas en curso, y a las segundas para que no se corte el suministro de medicamentos. Ya están hablando de tomar una nueva deuda por no menos de USD 500 millones.
A eso debe sumarle el agujero que se registra en Educación, de USD 450 millones, para cubrir gastos básicos del año próximo. (Recordemos que en un mes más Peña debe presentar al Congreso su proyecto de presupuesto 2024).
Y como guinda para tan onerosa torta, desfilan los pedidos de aumento presupuestario para el Ministerio Público, el Congreso y otros adicionales, como los más de G. 100.000 millones que pretenden repartir entre soldados del golpe del 89, y la promesa cartista –defendida por el ahora ministro Enrique Riera– de indemnizar a ex funcionarios de las empresas contratistas de Itaipú por más de USD 900 millones.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
