“Es hora de poner freno a los abusos desde el poder contra la prensa” - Política - ABC Color

En este sentido, lastimosamente, nuestros jueces no terminan de entender (o no quieren entender) que deberían desestimar in limine, de entrada, las querellas en las que funcionarios o exfuncionarios pretenden usar el derecho penal cuando se los cuestiona por hechos acaecidos en el ejercicio de sus funciones. Al respecto, es unánime y a esta altura profusa la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay algunas señales positivas, como cuando la Corte en 2020 frenó enérgicamente el intento de un grupo significativo de diputados para evitar que saliera la resolución que hizo públicas las declaraciones juradas de funcionarios. –La Corte Interamericana ha dicho (lee) que “en el caso de un discurso protegido por su interés público, como son los referidos a conductas de funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, la respuesta punitiva del Estado mediante el derecho penal no es convencionalmente procedente para proteger el honor del funcionario”. “La luz del sol es el mejor desinfectante”, decía un ministro de la Corte Suprema de Estados Unidos (Louis Brandeis) para que los magistrados tuvieran presente la transparencia en sus fallos. No puedo concebir que los jueces desconozcan los casos más relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tratan sobre el asunto. Y los jueces, según jurisprudencia de nuestra propia Corte Suprema de Justicia, deben hacer control de convencionalidad... Y la doctrina es clarísima: en casos referidos a conductas de funcionarios en el ejercicio de sus funciones no se puede usar el derecho penal; Y esto es jurisprudencia pacífica de las más altas cortes del mundo democrático y, obviamente, de la Corte IDH y del Tribunal Europeo de DDHH. Y para eso es necesario que entendamos como sociedad que sin libertad de expresión y de prensa no hay democracia y, como ya se mencionó, tampoco habrá crecimiento económico, porque sin estas libertades no se podrá poner freno a la impunidad, que es la mayor limitante para tener grado de inversión y un futuro con prosperidad. En esta querella contra la directora de ABC (Natalia Zuccolillo) y uno de sus periodistas (Juan Carlos Lezcano) se planteó una excepción de inconstitucionalidad para que la Corte Suprema de Justicia decida si en casos referidos a conductas de funcionarios en el ejercicio de sus funciones se puede usar o no el derecho penal. De la decisión que tome la Corte depende el futuro de la libertad de expresión y, por ende, de nuestra democracia. ...[Leer más]