La objeción surge cuando dice que la ley “no sustituye a los órganos de jubilaciones y pensiones ni deroga o sustituye las competencias que cada una de esas entidades tiene en sus leyes orgánicas y estatutos ...”
No existe ninguna objeción al objetivo de reglamentar el rol de supervisión del Estado a las entidades de jubilaciones y pensiones existentes (8 según el Art. 2): entidades públicas creadas por ley (inc. a); entidades privadas de jubilaciones y pensiones (inc. b), y otras personas físicas o jurídicas obligadas (inc. c); tampoco merece objeción establecer legalmente el marco general en que habrían de administrarse los fondos de jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, privadas o mixtas.
La objeción surge cuando dice que la ley “no sustituye a los órganos de jubilaciones y pensiones ni deroga o sustituye las competencias que cada una de esas entidades tiene en sus leyes orgánicas y estatutos respectivos”. En 1999, el Premio Nóbel de Economía Joseph E. Stighitz, escribió: “En muchos países en vías de desarrollo los altos déficit-diferencias entre las obligaciones del fondo de jubilaciones y los ingresos-no solo amenazan la estabilidad económica, sino que además restan inversiones necesarias en educación, salud e infraestructura. Muy a menudo, las prestaciones de los...
La seguridad social es un derecho humano fundamental; por tanto, las políticas y la legislación que la regula deben servir para favorecer a toda la población en su conjunto, comenzando por dar preferencia –mediante una equitativa distribución de la renta nacional -, a los sectores sociales y económicamente marginados, mediante acciones institucionales que den seguridad bio económica, promoviendo el ascenso y calidad de vida de estos sectores.
Desde ese enfoque, la existencia de varias Cajas o Fondos de Jubilaciones para un reducido grupo de personas beneficiadas, se contrapone a los principios de universalidad, unidad y uniformidad, entre otros. En un país empobrecido como Paraguay, la existencia de varias Cajas y Fondos de Jubilaciones y Pensiones, se origina en consideraciones discriminatorias favorables a reducidos sectores privilegiados: legisladores, magistrados judiciales, militares, policías, docentes y demás empleados y funcionarios públicos, y los directores y empleados de entes binacionales.
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