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El más grande desafío que tiene por delante el país para lograr su desarrollo es poner la mayoría de los recursos financieros dirigidos a la ejecución de obras de infraestructura y energéticas, con lo cual se dará un impulso gravitante para la creación de empleos y elevar el nivel de vida de los sectores más necesitados.
Mientras se acerca aceleradamente el momento en que Brasil y Paraguay se deberán sentar en una mesa para discutir la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú sobre las prestaciones financieras de la represa, vale la pena también repensar aquellos aspectos del desarrollo nacional que son urgentes para solventar el progreso social, a partir de los recursos que se podrían manejar una vez que se haya conseguido poner nuestra energía a precios de mercado y en libre disponibilidad.
Porque existen datos que no dejan de preocupar por su directa implicancia en los guarismos de extrema pobreza y creciente marginación de amplias capas de la población. Se ha visto, a propósito del uso de los fondos públicos, que en su mayor parte el presupuesto nacional está dirigido a engordar la pesada burocracia que agobia al país y no a financiar proyectos de desarrollo.
Se habla, por ejemplo, que a partir de 2023 el Paraguay podría contar con por lo menos US$ 1.000 millones libres de polvo y paja, provenientes de la venta de la energía de Itaipú, que directamente podrían engrosar las arcas de Hacienda y con los cuales acometer obras desarrollistas para el bienestar social, incluyendo las construcciones de nuevas generadoras de electricidad.
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