Lo que era solo una sospecha de a poco se va confirmando: hay indubitables y alarmantes esfuerzos por dinamitar los escasos sistemas de defensa que tiene la República del Paraguay contra la corrupción y la impunidad. Si ya fue inquietante el anuncio inicial de Santiago Peña de hacer desaparecer a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), en los últimos días el país entero ha podido comprobar que existe una seria componenda cartista, pareciera un plan, para pulverizar las únicas murallas que tiene el Estado paraguayo para defenderse de la voracidad de los funcionarios públicos corruptos en sus zarpazos al patrimonio estatal. Se pueden mencionar la deplorable forma en que la Cámara de Senadores fue mutilando la Ley de conflicto de intereses y el proyecto de ley de “devolución premiada”.
Lo que era solo una sospecha de a poco se va confirmando: hay indubitables y alarmantes esfuerzos por dinamitar los escasos sistemas de defensa que tiene la República del Paraguay contra la corrupción y la impunidad. Si ya fue inquietante el anuncio inicial de Santiago Peña de hacer desaparecer a la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), en los últimos días el país entero ha podido comprobar que existe una seria componenda cartista, pareciera un plan, para pulverizar las únicas murallas que tiene el Estado paraguayo para defenderse de la voracidad de los funcionarios públicos corruptos...
Deplorable fue la forma en que la Cámara de Senadores fue mutilando la Ley de conflicto de intereses, o Ley de puertas giratorias, dejándola al grado de ser absolutamente inservible. Podría pensarse que ante la imposibilidad de derogarla –hubieran quedado descubiertas sus intenciones– prefirieron despedazarla por completo para dejar inutilizada una ley que afecta a muchas autoridades y funcionarios públicos, especialmente quienes fueron y vinieron del grupo Cartes, empezando por el mismo presidente Santiago Peña, algunos ministros como Carlos Fernández Valdovinos, y otros titulares de entes...
Entre otras cosas, hicieron desaparecer la prohibición de que un funcionario público salte al privado en el mismo rubro donde prestó servicios al Estado; derogaron la obligación de que funcionarios públicos se abstengan en asuntos que involucren a sus familiares, y la Contraloría ya no tendrá potestad para requerir ampliación de informaciones. Suprimieron hasta la restricción de utilizar a oenegés como medios potenciales para desfalcar al Estado, recordando las comisiones vecinales que han sido beneficiadas con millonarias sumas de dinero para supuestas obras públicas, algunas hechas con...
El abogado Ezequiel Santagada fue más lejos con la sospecha de que Paraguay haya entrado en un camino de “contrarreforma” en materia de anticorrupción, justo en momentos en que calificadoras internacionales observan al país reclamando mayores esfuerzos para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas. En su informe del 1 de noviembre pasado, la prestigiosa calificadora internacional de riesgos Fitch recomendó al Paraguay, textualmente, mejorar los niveles de gobernanza con esfuerzos para combatir la corrupción y fortalecer las instituciones públicas. Para la calificadora,...
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