Legisladores imputados e investigados siguen legislando; uno fue blanqueado, otro está con permiso y en total cuatro sí fueron expulsados, gracias a la presión de la ciudadanía indignada.
Tener legisladores con problemas judiciales es una constante en ambas Cámaras del Congreso Nacional y también entre los parlamentarios del Mercosur. En total fueron 17 de este periodo legislativo los envueltos en problemas judiciales por hechos de corrupción y solo una ínfima parte de los mismos fueron castigados por la Justicia y hasta el momento, la sanción política y moral es lo que va en aumento. Doce de ellos siguen en la mira de camaristas, jueces y la Fiscalía.
Cuatro congresistas terminaron apartados de sus cargos como consecuencia de procesos por presuntos hechos de corrupción. El ex diputado José María Ibáñez fue el primero. Renunció tras la ola de indignación que despertó la insignificante sanción que recibió de la Justicia tras admitir haber estafado al Estado. También ya están fuera los ex senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, procesados por los audios del Jurado de Enjuiciamiento que revelaron el tráfico de influencias. El cuarto es el ex senador Víctor Bogado, recientemente condenado, también con bajo castigo, por el caso de...
Proyecto antitráfico de influencias El senador colorado Derlis Osorio presentó un proyecto de ley que establece la obligación de los altos funcionarios del Estado a presentar declaración jurada de intereses para impedir el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito. También plantea la creación de un registro público que tendrá como autoridad de aplicación a la Contraloría. El término intereses se refiere a una situación actual o potencial en la que el interés privado de quien ejerce una función puede interferir o ser contrario o adverso a los intereses públicos.
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